El proyecto del Ejecutivo sobre inclusión escolar intenta avanzar entre apoyos, dudas y reclamos de participación

El proyecto de ley enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo para reformar el sistema de inclusión escolar en Tucumán comenzó a transitar un proceso de análisis que se anticipa extenso y complejo en la Legislatura, atravesado por cuestionamientos sobre la situación actual del sistema educativo. Ante este escenario, autoridades parlamentarias resolvieron habilitar instancias de diálogo con diversos sectores, con el objetivo de construir consensos en torno a una iniciativa que redefine el rol de los docentes de apoyo para estudiantes con discapacidad.

En ese marco, el vicegobernador Miguel Acevedo mantuvo un encuentro con el legislador Aldo Salomón, titular de la Comisión de Educación, donde se evaluaron los lineamientos del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y se acordaron mecanismos de trabajo orientados a ampliar la participación durante su tratamiento.

Como parte de esa estrategia, se resolvió convocar a una reunión conjunta entre las comisiones de Educación y de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad, con el propósito de incorporar distintas perspectivas. La segunda de estas comisiones es presidida por la legisladora Patricia Lizárraga.

Acevedo remarcó la necesidad de abrir el debate a la comunidad y sostuvo que “es necesario debatir la iniciativa y escuchar a todas las partes involucradas”, en referencia a los pedidos de participación formulados por organizaciones, familias y actores del ámbito educativo. En la misma línea, enfatizó: “Nosotros creemos que escuchando se legisla mejor”.

El proyecto oficial propone una transformación integral del sistema de inclusión escolar, con eje en el denominado Modelo Social de la Discapacidad. Entre sus puntos centrales, plantea incorporar a los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) a la planta orgánica de las escuelas, otorgándoles estabilidad laboral bajo el Estatuto del Docente y eliminando la necesidad de que las familias contraten apoyos privados o recurran a instancias judiciales.

Además, la iniciativa promueve una redefinición del acompañamiento en el aula. En ese sentido, establece límites a la figura del “maestro sombra”, al advertir que “este tipo de intervenciones comporta el riesgo de generar prácticas más segregadoras que inclusivas” y que su presencia permanente puede transformarse en “una barrera para la adquisición del aprendizaje y la participación”.

El texto también introduce el concepto de “autonomía progresiva” como principio rector, orientando el trabajo conjunto entre docentes de aula y de apoyo hacia estrategias que favorezcan la independencia del estudiante y la adaptación del entorno educativo, más que la intervención centrada exclusivamente en el alumno.

Por otra parte, la propuesta contempla regularizar la situación laboral de los actuales maestros integradores, quienes hoy se desempeñan bajo esquemas contractuales precarios. El objetivo es que pasen a contar con designaciones formales, con los mismos derechos que el resto del cuerpo docente.

Reuniones y condiciones

Durante el encuentro con el titular de la Cámara, Salomón explicó que el abordaje conjunto de comisiones responde a la complejidad del tema: “Hemos acordado que participen las dos comisiones, Educación y la de Familia, Niñez y Adolescencia, porque es un tema que también forma parte de la problemática de la discapacidad”.

Asimismo, detalló el cronograma de trabajo previsto: “Mañana (viernes) vamos a recibir a distintas instituciones para escuchar sus planteamientos y el miércoles tendremos la visita de la ministra de Educación, con la expectativa de lograr un dictamen consensuado”.

Las primeras reuniones están programadas para este viernes 20, con la participación de organizaciones vinculadas a la temática. Entre ellas, la Fundación A.N.I.A., el Colegio de Graduados en Educación Especial y representantes del gremio SADOP.

En paralelo, la iniciativa también fue analizada por la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Adriana Najar (foto inferior), quien valoró el proyecto aunque condicionó su avance a un estudio detallado de su implementación. La legisladora destacó la importancia de considerar la variación en la matrícula de estudiantes con discapacidad y remarcó la necesidad de construir acuerdos amplios con la comunidad educativa.

En ese sentido, advirtió que será clave definir criterios de designación docente y dimensionar la demanda en cada establecimiento. También planteó la conveniencia de convocar a padres, especialistas y actores del sistema judicial para enriquecer el debate, al considerar que “ellos son los actores principales en este proyecto de ley”.

Sin embargo, el proyecto también generó objeciones desde la oposición. El legislador José Cano (foto inferior) expresó reparos sobre el contexto en el que se impulsa la reforma y cuestionó la falta de consensos previos.

“El Gobierno quiere avanzar sobre un tema muy sensible en un momento en el que muchas escuelas todavía tienen problemas graves de infraestructura, falta de mantenimiento y condiciones básicas que no están resueltas. Por eso preocupa que se impulse una reforma de esta importancia sin el diálogo, la planificación y los acuerdos que una política de inclusión escolar necesita”, afirmó.

Cano también advirtió sobre posibles riesgos en el contenido de la propuesta: “A primera vista puede parecer una iniciativa positiva, pero cuando uno la analiza en profundidad aparecen dudas y riesgos concretos de pérdida de derechos. Por eso este proyecto no puede tratarse apurado ni imponerse sin escuchar a quienes conocen esta realidad de cerca”.

El legislador cuestionó además la falta de participación en la elaboración del proyecto: “No se trabajó con los padres, no se discutió seriamente con los docentes ni con los equipos técnicos especializados. Y en un tema tan delicado como la inclusión escolar, es imposible pensar que una ley va a funcionar si se hace a espaldas de la comunidad educativa”.

Entre otros puntos, señaló la necesidad de revisar el funcionamiento de los dispositivos actuales antes de avanzar con cambios estructurales. “No se entiende cómo se pretende modificar o desarmar equipos como los Gabinetes Itinerantes, que hoy, con mucho esfuerzo, vienen sosteniendo trayectorias educativas, mientras paralelamente hay docentes integradores que trabajan en condiciones precarias y que podrían ingresar en el sistema. Antes de avanzar con un cambio estructural, el Estado debería ordenar, regularizar y fortalecer lo que ya está funcionando”, indicó.

Finalmente, Cano planteó interrogantes sobre el financiamiento del sistema: “Si hoy hay familias que cuentan con cobertura, no se puede avanzar con una reforma sin explicar con seriedad qué va a pasar con los apoyos actuales, cómo se va a financiar y de qué manera se evitará que los chicos queden en el medio de una transición mal resuelta”.

En ese marco, concluyó que cualquier modificación debe garantizar mejoras en derechos y no retrocesos: “si el proyecto avanza tal como está redactado, significará un fuerte retroceso para los alumnos que están en integración escolar y, lejos de favorecer la inclusión, puede terminar en su exclusión”.

Así, el debate legislativo se encamina a un proceso atravesado por posiciones diversas, donde el desafío será compatibilizar los objetivos de la reforma con las demandas de la comunidad educativa en un contexto de dificultades estructurales del sistema.