Caso Pelli: la Fiscalía Federal define su postura antes de que intervenga la Corte de la Nación

La disputa por la competencia en la causa por la agresión al diputado nacional Federico Pelli entró en una instancia clave: este viernes, la Justicia provincial notificó al fuero federal del rechazo al oficio inhibitorio, con lo cual se abre ahora un plazo de tres días hábiles para que el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz dictamine y el juez federal Guillermo Díaz Martínez responda y fije su posición.

La decisión, adoptada el jueves por el juez del Colegio de Jueces de Concepción, Raúl Robín Márquez, ratificó la competencia del fuero local en la causa caratulada como “lesiones graves agravadas por alevosía” y desestimó el oficio inhibitorio promovido desde el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán.

Sin embargo, el expediente aún no fue girado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la remisión formal al fuero federal, ahora se abre una instancia clave: el fiscal federal Vehils Ruiz cuenta con tres días hábiles para responder al rechazo dictado por la Justicia provincial.

Según pudo confirmar Tendencia de Noticias, la postura del fiscal ya estaría definida. Vehils Ruiz firmaría un dictamen de rechazo el próximo miércoles -primer día hábil de la semana-, lo que dejaría el expediente en condiciones de ser elevado al máximo tribunal del país para que dirima el conflicto de competencia entre ambos fueros.

El episodio que originó la causa ocurrió el miércoles 11 de marzo, alrededor de las 18.30, cuando Pelli se encontraba en la localidad de La Madrid junto a dirigentes liberales, en el marco de una recorrida para asistir a vecinos afectados por las inundaciones.

De acuerdo con la investigación, mientras caminaba por la ruta nacional 157 fue interceptado por Claudio Marcelo “Pichón” Segura, quien tras un breve intercambio le propinó un violento cabezazo en el rostro. Por el hecho, Segura permanece con prisión preventiva por cuatro meses, alojado en el penal de Benjamín Paz, mientras avanza el proceso en el Centro Judicial de Concepción.

En su resolución, Robín Márquez coincidió con el planteo del fiscal provincial Miguel Ángel Varela y sostuvo que no se configuran los supuestos que habilitan la intervención de la Justicia federal. El magistrado consideró que no basta con que el hecho haya ocurrido sobre una ruta nacional ni con la condición de diputado nacional de la víctima para desplazar la competencia ordinaria, ya que no se acreditó afectación a intereses federales ni la existencia de riesgos de doble persecución penal.

También rechazó los argumentos vinculados al principio de non bis in idem y a una supuesta “mejor administración de justicia”, al entender que fueron invocados sin sustento concreto.

Con este escenario, la definición de fondo quedó supeditada a los próximos movimientos del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Si el fiscal Vehils Ruiz concreta el dictamen de rechazo, el expediente quedará habilitado para ser remitido a la Corte Suprema, que deberá resolver definitivamente qué fuero continuará con la investigación.