Amplían el procesamiento contra la influencer que usó el CUIT de Jaldo para compras en el exterior

El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, resolvió ampliar el procesamiento de la influencer Valentina Olguín por el delito de contrabando por simulación, sin prisión preventiva, tras acreditarse al menos 15 hechos en los que utilizó datos fiscales de cuatro gobernadores, entre ellos el de Osvaldo Jaldo, para realizar compras en el exterior.

La investigación, impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, determinó según pudo saber Tendencia de Noticias, que la acusada habría utilizado ilegalmente datos personales y números de CUIT de mandatarios provinciales para eludir los límites del régimen de importación por courier, según publica el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por el propio Jaldo el 28 de octubre de 2024, cuando advirtió que su CUIT había sido utilizado sin autorización para concretar compras en el exterior. A partir de esa presentación, la Justicia comenzó a reconstruir una operatoria que luego se reveló de mayor alcance.

Según la causa, la imputada utilizó en al menos cinco oportunidades los datos del mandatario tucumano entre septiembre y octubre de 2024 para adquirir indumentaria en el exterior, que luego era enviada a su domicilio particular en la ciudad de Buenos Aires.

La denuncia del gobernador permitió activar la investigación y reunir pruebas clave, como registros de envíos, facturación y peritajes sobre dispositivos electrónicos, que terminaron por vincular a Olguín con las maniobras.

De acuerdo con el expediente, la acusada utilizaba las identidades de los mandatarios para recibir paquetes de indumentaria de la marca estadounidense “Revolve” en su domicilio.

Los hechos que motivaron esta ampliación incluyen operaciones realizadas a nombre de Sergio Ziliotto, Axel Kicillof y Rogelio Frigerio. Estos se suman a los ya atribuidos por el uso del CUIT de Jaldo. En función de la reiteración de las maniobras, la Justicia dispuso además ampliar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta cubrir la suma de $15 millones.

Cómo se llevó adelante la maniobra

La investigación de la Fiscalía Federal N° 2 estableció que la imputada habría consignado información falsa ante el organismo recaudador ARCA con el objetivo de obtener un beneficio económico indebido, evitando utilizar su propio cupo anual de compras en el exterior.

Durante la instrucción se reunieron diversos elementos probatorios, entre ellos análisis de comunicaciones, peritajes sobre dispositivos electrónicos y estudios de impactos de antenas telefónicas que coinciden con la recepción de los paquetes en su domicilio.

A partir del seguimiento de envíos gestionados por FedEx, el Ministerio Público Fiscal pudo determinar que las compras eran remitidas al domicilio particular de la acusada en Buenos Aires. El análisis del circuito permitió reconstruir la dinámica de las operaciones e identificar el punto final de recepción de la mercadería.

En ese marco, se dispuso el allanamiento de la vivienda de Olguín, donde se secuestraron facturas emitidas por FedEx a nombre de los mandatarios, dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo y una importante cantidad de prendas aún en sus envoltorios originales.

El juzgado rechazó los planteos de la defensa, que sostenían que los datos habían sido obtenidos mediante una “búsqueda al azar” en internet. La reiteración de las operaciones y el perfil de las personas involucradas permitieron descartar esa hipótesis.

Asimismo, se confirmó la competencia de la Justicia Federal de Tucumán para continuar con la investigación, que sigue en etapa de instrucción bajo la figura de contrabando por simulación, delito que prevé penas de entre dos y ocho años de prisión.

El origen del caso

La causa se inició a partir de la denuncia de Jaldo, quien advirtió el uso indebido de su CUIT en operaciones de importación realizadas mediante el régimen courier y entregadas en un domicilio del barrio porteño de Núñez.

Tras la presentación, se requirieron informes a Aduana y a la empresa FedEx, además de una investigación reservada a cargo de la Policía Federal. De ese modo se estableció que las compras habían sido realizadas en la tienda online “Revolve” y enviadas al domicilio de la imputada, donde eran recibidas por ella o por personas de su entorno.

En una primera etapa, se detectó que la maniobra también involucraba a otros gobernadores, quienes negaron cualquier vínculo con la acusada. A partir de ello, el fiscal Chit solicitó que los casos fueran investigados en las jurisdicciones correspondientes.

Sin embargo, los juzgados federales de La Plata, Santa Rosa y Paraná rechazaron esa competencia, lo que derivó en que el 3 de julio de 2025 se confirmara que el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán continúe a cargo de la totalidad del expediente.