El "nuevo" Sutrapa: convivencia de taxis y autos por apps y prohibición expresa para los políticos

El proyecto de modificación al sistema de transporte de pasajeros en autos en San Miguel de Tucumán está listo. Entre los cambios más notorios, los concejales autorizarán la convivencia entre el tradicional régimen de taxis y el -ya no tan nuevo- método de alquiler mediante plataformas electrónicas. Sí hay un artículo estruendoso en la nueva ordenanza: la prohibición expresa de que los políticos y sus familiares directos cuenten con licencias de taxi.

Como primera medida, se quita una "P" a la ordenanza. El antiguo y enredado Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (SUTRAPPA) será reemplazado por el Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (SUTRAPA). Este cambio no es meramente nominal; se trata de una refundación que, por primera vez, ordena la llegada de las plataformas digitales.

La medida más resonante se encuentra en el Título III, el cual aborda el Régimen de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil -Taxis. La nueva normativa establece de forma taxativa las "Inhabilidades para ser titular" de una licencia.

Si la vieja ordenanza SUTRAPPA se centraba en impedir la tenencia de licencias a los empleados municipales de áreas sensibles como la Dirección de Transporte o el Tribunal de Faltas, la SUTRAPA que se viene eleva el veto a las cúpulas del poder. La lista de excluidos ahora incluye al titular del Departamento Ejecutivo Municipal; Secretarios y Subsecretarios del Departamento Ejecutivo; Concejales; autoridades y personal del Tribunal Municipal de Faltas; Legisladores Provinciales; y magistrados y funcionarios de los poderes judicial provincial y municipal, así como a sus cónyuges o convivientes mientras el vínculo subsista. La aparición de cualquiera de estas causales de inhabilidad resultará en la caducidad automática de la licencia.

Según los ediles, esta "purga" busca promover la transparencia y garantizar la competencia leal.

La regulación del universo digital

El segundo eje de la reforma es la inclusión y ordenamiento del Régimen de Transporte Privado de Pasajeros mediante Plataformas Digitales de Intermediación, una modalidad que la normativa anterior ignoraba. Este servicio se define ahora como una actividad privada de interés público y está sujeta a requisitos de trazabilidad y seguridad.

La nueva legislación crea el Registro Municipal de Plataformas Digitales y establece obligaciones claras para estas empresas de tecnología. Deben exhibir al usuario, antes de confirmar el viaje, los datos del conductor y del vehículo, e informar el costo final del servicio. Además, la trazabilidad se vuelve obligatoria, debiendo las plataformas registrar digitalmente el recorrido y conservarlo de manera segura.

La seguridad es un pilar de la ordenanza. Las plataformas son ahora las únicas responsables de la verificación previa de sus conductores. Antes de habilitar a una persona para operar, la plataforma debe chequear la vigencia de la licencia profesional, la existencia de seguro con cobertura al pasajero, los antecedentes penales actualizados, y, crucialmente, que el conductor no se encuentre incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

A diferencia del taxi tradicional, que puede operar por captación por oportunidad en la vía pública, el transporte por plataforma solo podrá iniciarse mediante solicitud previa (contratación digital), estando la captación en la calle expresamente prohibida para este régimen.

Licencias largas

La duración de la licencia de taxis se mantendrá en los 10 años, renovables por igual término. En 2006, la primera ordenanza hablaba de solo 4 años.

En cuanto al equipamiento, todo taxi debe contar obligatoriamente con GPS o sistema equivalente de localización.

Además, se busca elevar la calidad del servicio a través de la formación: los conductores de taxis (titulares y auxiliares) deberán ahora aprobar cursos de formación obligatorios, y en un punto ya contemplado en normativas previas, deberán asistir a personas con discapacidad o movilidad reducida. Para reforzar la protección de los usuarios, la nueva ordenanza dedica un título completo a los Derechos y Deberes de las Personas Usuarias, exigiendo el derecho a información clara, previa y verificable sobre el conductor y el costo, y obligando al Ejecutivo Municipal a disponer de un canal oficial de recepción de reclamos, de acceso fácil y gratuito.

La ordenanza contempla un período de adecuación: 180 días para los titulares de licencias de taxis y agencias, y 90 días para que las Plataformas Digitales se inscriban en el Registro Municipal. Luego de completado ese paso, el municipio tendrá las herramientas para imponer a las empresas del rubro que paguen tributos en San Miguel de Tucumán.