Imputan a dos policías por exigir dinero durante un allanamiento en Banda del Río Salí

Dos efectivos de la Policía de Tucumán, de 29 y 51 años, fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán por presuntas maniobras de extorsión y apropiación ilegal de bienes durante un allanamiento realizado en enero de 2024 en una vivienda del barrio Tiro Federal de Banda del Río Salí.

Uno de los acusados es un comisario que prestaba servicios en la comisaría de esa localidad. Ambos permanecerán sometidos a medidas de coerción de menor intensidad, es decir, no privativas de la libertad, por el plazo de seis meses mientras avanza la investigación.

La causa es llevada adelante por la Unidad Especializada en Delitos Complejos, conducida por Mariana Rivadeneira. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Leandro Abdala les atribuyó provisoriamente los delitos de extracciones ilegales agravadas en concurso real con falsedad ideológica, en perjuicio de la administración pública y de la fe pública.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 25 de enero de 2024, cuando personal policial ejecutaba una orden de allanamiento en el marco de una causa por robo agravado. El procedimiento tenía como objetivo secuestrar una camisa de grafa perteneciente a la Municipalidad de Banda del Río Salí y un teléfono celular Samsung Galaxy A14 de color gris.

Sin embargo, durante la requisa los efectivos encontraron 22 kilogramos de hojas de coca. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, lejos de incorporar ese hallazgo al acta oficial, uno de los policías convocó al comisario, quien al llegar al lugar habría participado en una maniobra para exigir una importante suma de dinero a los ocupantes de la vivienda.

“Valiéndose de su función y de la existencia de una orden de allanamiento válida, ejercieron intimidación sobre la víctima exigiéndole el pago de una importante suma de dinero, bajo la amenaza expresa de llevarlo detenido y secuestrar la mercadería”, sostuvo Abdala durante la audiencia.

La Fiscalía indicó que, bajo coacción, las víctimas reunieron el dinero utilizando sus propios ahorros y lo entregaron a los acusados. Recién después de recibir la suma exigida, los policías permitieron retirarse al testigo original del procedimiento y lo reemplazaron por una vecina del barrio.

Según la acusación, luego asentaron falsamente en el acta que el allanamiento “no había arrojado novedades”, omitiendo tanto el hallazgo de las hojas de coca como la exigencia de dinero. Finalmente, los imputados se retiraron del domicilio llevándose de manera ilícita el efectivo y los 22 kilos de hojas de coca.

La jueza interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso medidas de menor intensidad por seis meses. Además, dejó constancia de que, a medida que avance la investigación, la calificación legal podría agravarse y derivar en una imputación por el delito de extorsión.