Ya está vigente la ley que extiende hasta 2028 la emergencia para seguir subsidiando al transporte

En un nuevo intento por contener la profunda crisis del transporte público de pasajeros en Tucumán, el Gobierno provincial promulgó este lunes la Ley Nº 9.978, que extiende hasta el 31 de mayo de 2028 la emergencia del Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros de jurisdicción provincial.

La norma, publicada este martes en el Boletín Oficial, consolida una herramienta que le permite al Poder Ejecutivo otorgar subsidios mensuales a las empresas del sector para sostener la prestación del servicio y evitar despidos. Solo en abril, la Provincia destinó más de $ 7.000 millones en subsidios a los empresarios nucleados en AETAT.

Paralelamente, el sector elevó un pedido formal ante el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para subir el precio del boleto mínimo, actualmente fijado en $ 1.250. Según el estudio de costos presentado por las empresas de colectivos, el nuevo valor debería alcanzar los $ 2.400.

La decisión política de prorrogar por otros dos años la emergencia del transporte, impulsada por la administración de Osvaldo Jaldo y aprobada por la Legislatura que preside Miguel Acevedo, refleja la magnitud de la crisis que atraviesa el sistema de colectivos urbanos e interurbanos. Con unidades envejecidas, frecuencias reducidas, constantes reclamos de los usuarios y una fuerte dependencia de los aportes estatales que exigen al Gobierno provincial frente a la caída de subsidios nacionales, el transporte se ha convertido en uno de los problemas más sensibles de la agenda tucumana.

La ley prorroga la emergencia que había sido declarada originalmente por la Ley Nº 9.102 y cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de mayo de este año. Con esta extensión por dos años más, el Ejecutivo mantiene amplias facultades para asistir económicamente a las empresas nucleadas en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), principal cámara del sector.

El artículo 2 de la norma establece que el Gobierno podrá otorgar “subsidios o compensaciones mensuales” a través de AETAT “con el objeto de asistir al sector alcanzado por la emergencia y a fin de garantizar la prestación y calidad del servicio y el mantenimiento de las fuentes de trabajo”. La distribución de esos fondos se realizará en función de la cantidad de trabajadores declarados por cada empresa ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mediante el formulario F.931.

Además, la ley dispone que “el monto del subsidio o compensación será determinado por el Poder Ejecutivo, conforme a las variables económicas vinculadas a la explotación del servicio”, aunque aclara que su otorgamiento estará condicionado a “las disponibilidades del Tesoro de la Provincia”. Es decir, la asistencia dependerá tanto de la evolución de los costos del sistema como de la situación fiscal del Estado tucumano.

Otro punto central de la norma faculta al Gobierno a suscribir un convenio con AETAT para asegurar el compromiso de las empresas de mantener las fuentes laborales del sector, una cláusula que busca evitar despidos o reducciones de personal en un contexto de fuerte presión sobre los costos operativos.

Un sistema sostenido por subsidios

La prórroga de la emergencia confirma que el transporte público tucumano continúa dependiendo del auxilio estatal para funcionar. La caída de subsidios nacionales, el aumento del combustible, los costos salariales y el deterioro del parque automotor han profundizado un esquema que desde hace años muestra signos de agotamiento.

Para la gestión de Jaldo, la continuidad del régimen excepcional representa una decisión política orientada a evitar el colapso del sistema y contener un conflicto con alto impacto social. El transporte moviliza diariamente a miles de trabajadores, estudiantes y jubilados, por lo que cualquier interrupción del servicio tiene consecuencias inmediatas en la vida cotidiana y en la economía provincial.

Al mismo tiempo, la norma reabre el debate sobre la sustentabilidad de un modelo en el que el Estado debe destinar crecientes recursos para compensar las dificultades financieras de las empresas, mientras persisten cuestionamientos por la calidad del servicio y la falta de inversiones estructurales.

La extensión de la emergencia hasta 2028 supone, en los hechos, el reconocimiento de que la crisis del transporte no tiene una solución de corto plazo. Lejos de tratarse de una medida transitoria, el régimen excepcional se consolida como una política permanente para sostener un sistema que continúa mostrando serias deficiencias.

Con esta decisión, el Gobierno provincial gana margen para seguir asistiendo al sector y evitar una parálisis del servicio, pero también asume el desafío de avanzar en reformas de fondo que permitan mejorar la calidad del transporte y reducir su dependencia de los subsidios estatales. Mientras tanto, los usuarios seguirán esperando que las millonarias compensaciones se traduzcan en colectivos más frecuentes, seguros y eficientes.