El futbolista Florentín amplía denuncia por falso testimonio contra la joven que lo denunció y pide detener a Cisneros

El exjugador de Vélez Sarsfield, José Florentín Bobadilla, amplió su denuncia por falso testimonio contra la joven periodista tucumana que lo acusó de abuso sexual y presentó nueva evidencia para solicitar la detención del diputado Carlos Cisneros y otros cuatro imputados, a quienes señala por integrar una estructura destinada a manipular pruebas y dirigir el armado de la causa.

El deportista, quien actualmente integra el plantel de Central Córdoba de Santiago del Estero, presentó la ampliación, con el patrocinio de los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, ante la Unidad Fiscal Regional, a cargo de Fernando Blanno, quien lleva adelante la instrucción del expediente, iniciado en el mes de septiembre.

En su escrito, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el ex Vélez responsabiliza al diputado nacional Cisneros de haber “armado” la causa en su contra y de dirigir un entramado destinado a manipular pruebas, influir sobre testigos y condicionar el avance de la investigación.

Florentín Bobadilla (foto inferior) fue imputado en 2024, junto a sus entonces compañeros de equipo, Braian Cufré, Abiel Osorio, Sebastián Sosa, por el delito de abuso sexual en manada en perjuicio de una joven periodista deportiva tucumana. El hecho, según la demanda inicial, fue perpetrado en una habitación del Hotel Hilton tras un partido entre Vélez y Atlético Tucumán que se jugó en la capital provincial.

Tal como ya había expuesto en la denuncia inicial, formulada en septiembre de este año, en su ampliación Florentín asegura que la denuncia que lo involucra fue resultado de una maniobra planificada. En la presentación realizada en las últimas horas, el exjugador solicita la detención de cinco personas vinculadas a la querella: el propio Cisneros, los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, el dirigente de La Bancaria Federico Petraglia y la joven Milagros Castellote, una de las testigos en la causa por el presunto caso de abuso.

En una audiencia realizada en los primeros días de diciembre, el juez Bernardo L’Erario Babot resolvió que la causa sea investigada por el fiscal Regional Blanno y rechazó numerosos planteos de nulidad requeridos por los imputados. En esa misma reunión, se cambió la carátula y se dejó en claro que Cisneros no está siendo investigado en el expediente, aunque a todos los otros mencionados en la denuncia del fubolista se les inició una investigación por falso testimonio y estafa procesal.

No obstante, el jugador de nacionalidad paraguaya insistió con su pedido e incorporó a la causa nuevas pruebas: los testimonios recientes de dos amigas de la supuesta víctima de violación, LP (su nombre se mantiene en reserva por razones legales), Ana Sofía Gray y Rocío Sancho Miñano, quienes declararon en una investigación paralela que la denunciante les habría anticipado un supuesto plan para “simular el robo” de su teléfono celular.

Ambas jóvenes aseguraron que, según LP, ese robo fingido tenía como objetivo eliminar un audio que no la favorecía y en el que, según ellas, se la oía decir que “la había pasado bien” con los jugadores en un cuarto de hotel.

De acuerdo con el denunciante, las testigos también señalaron que, según lo que LP les habría contado, abogados vinculados a la Caja Popular de Ahorros y allegados a Cisneros habrían participado de ese operativo. “Una de ellas, incluso, declaró que un empleado del diputado sería quien iba a hacerse pasar por el ladrón”, reza la presentación.

En otro tramo del escrito, Florentín Bobadilla sostiene que ambas testigos mencionaron que Federico Petraglia habría solicitado al Hotel Hilton las cámaras de seguridad dos días antes de la denuncia formal de Parache, lo que para el denunciante constituye “prueba del armado previo” de la causa por abuso.

Señalamientos directos contra Cisneros

Florentín Bobadilla afirma que Parache actuó “bajo órdenes” de Cisneros y sus abogados, y asegura que el diputado habría intervenido incluso en la organización de entrevistas televisivas y en la provisión de un nuevo teléfono a la joven.

La presentación, de más de una decena de páginas, sostiene que el legislador “habilitó recursos y estructura para motorizar una denuncia falsa” y lo acusa de ejercer presión sobre funcionarios judiciales mediante “amenazas y campañas de desprestigio”.

Según una de las testigos, citada en la demanda, LP habría llegado a decir que “iban a hacer pingo a la jueza por órdenes de arriba”, en referencia al diputado de Unión por la Patria y referente sindical mencionado en el expediente.

Pedido de detenciones y advertencia

Con la nueva evidencia aportada, Florentín Bobadilla reiteró el pedido de detención preventiva de los cinco apuntados. En su argumento, señala que el grupo “ha desplegado un plan criminal alarmante” para influir en dos causas judiciales en curso y que existe un riesgo concreto de obstaculización de la investigación.

También advierte que, por el rol sindical y político de Cisneros y la red de contactos que posee, podría existir peligro de fuga o de interferencia en el proceso.

El conflicto judicial que involucra a jugadores de Vélez Sarsfield ya acumula más de un año de tensión mediática y procesal. Mientras continúa la investigación por abuso sexual, avanza en paralelo esta denuncia “espejo” por falso testimonio, estafa procesal y otros delitos que impulsan Florentín Bobadilla y otros imputados.

La Fiscalía aún no se pronunció sobre el nuevo material presentado, que surgió de la declaración de las testigos citadas en el otro expediente por abuso sexual, pero se espera que en los próximos días evalúe si incorpora las pruebas al expediente y si da curso al pedido de detenciones.

Qué dice la defensa

Tendencia de Noticias se comunicó con los abogados de la denunciante para conocer su postura frente a la ampliación de la denuncia impulsada por el ex Vélez en su contra. Los letrados sostuvieron que la nueva presentación “no tiene ninguna validez jurídica”. Afirmaron que este planteo responde a la estrategia de los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala de “desprestigiar a la víctima y seguir aumentando el malestar social para ponerla en contra de la opinión pública”.

Además, aclararon que actualmente están impedidos de participar formalmente en la causa y que la mediatización “no les preocupa”, salvo por el impacto emocional que está teniendo en la joven denunciante, quien —según señalaron— "atraviesa una crisis por la difusión de sus conversaciones privadas".