Cuentas sin cerrar en tres comunas: deberán responder por más de $48 millones en gastos observados

El Tribunal de Cuentas de Tucumán volvió a poner bajo la lupa el manejo de los fondos públicos en las comunas rurales de la provincia. A través de tres nuevos acuerdos, a los que accedió Tendencia de Noticias, el organismo rechazó recursos de revisión y solicitudes de prórroga presentados por autoridades y exfuncionarios de Los Nogales, Santa Cruz y La Tuna, y La Trinidad, quienes habían sido declarados patrimonialmente responsables por irregularidades en la rendición de cuentas de sus respectivas administraciones.

Las resoluciones, fechadas el 26 y 27 de octubre, involucran cargos fiscales por un total de $48.092.320,52, correspondientes a gastos realizados durante distintos períodos de 2017, 2021 y 2022 que no fueron debidamente regularizados ante el organismo de control.

En los tres casos, el Tribunal dispuso la continuidad de las actuaciones destinadas a obtener el cobro de los montos reclamados, que deberán actualizarse hasta la fecha de su efectivo pago.

Los Nogales ratifican un cargo fiscal de $27,2 millones

Uno de los expedientes de mayor impacto corresponde a la comuna rural de Los Nogales, donde el Tribunal había declarado patrimonialmente responsables, en forma solidaria, al comisionado comunal Miguel Ángel Méndez y al secretario habilitado Juan Luis Bórquez.

Mediante el Acuerdo N° 5714, del 16 de diciembre de 2025, el organismo había formulado un cargo fiscal de $27.259.776,85 por la falta de regularización de observaciones correspondientes al quinto balance del ejercicio 2022.

Según consta en el nuevo Acuerdo N° 4182, Bórquez presentó el 21 de octubre de este año un pedido de revisión acompañado de documentación reunida en un bibliorato de 191 fojas.

Sin embargo, el Tribunal determinó que el planteo había sido presentado fuera del plazo de 30 días establecido por la Ley de Administración Financiera, ya que los responsables habían sido notificados del fallo el 17 de diciembre de 2025.

Además, consideró que la presentación no reunía los fundamentos necesarios para ser tratada como un recurso extraordinario de revisión.

En consecuencia, rechazó el planteo por extemporáneo y ordenó dar intervención al Departamento Judicial para que el abogado fiscal Esteban Romano Norri continúe con la ejecución del cargo fiscal.

Santa Cruz y La Tuna: una deuda de $8,4 millones que llegó a la Justicia

Otro de los casos involucra a la comuna rural de Santa Cruz y La Tuna, donde el Tribunal había declarado responsables solidarios al comisionado comunal Enrique Antonio Valdez y al secretario habilitado Néstor Ariel González.

El cargo fiscal, establecido mediante el Acuerdo N° 5718 de diciembre de 2025, asciende a $8.493.483,89 y tiene su origen en observaciones no regularizadas sobre la rendición correspondiente al quinto bimestre de 2021.

Durante la tramitación del expediente, los responsables no comparecieron inicialmente ni presentaron la documentación requerida, situación que motivó una declaración de rebeldía. Posteriormente, González se presentó en septiembre de 2025 y solicitó un plazo adicional para completar los antecedentes, pero finalmente no aportó la documentación comprometida.

Ante la firmeza de la resolución, el Tribunal promovió una demanda judicial de apremio el 29 de abril de 2026. El expediente registra una sentencia del 16 de junio de este año.

Pese a ello, Valdez había presentado documentación el 28 de mayo para solicitar una revisión del cargo fiscal.

En su Acuerdo N° 4192, el Tribunal consideró que ese recurso resultaba improcedente, tanto por haber sido presentado fuera de término como por no contener una impugnación concreta de los fundamentos de la resolución original.

El organismo sostuvo que el fallo se encontraba firme y constituía un título ejecutivo, por lo que la cuestión patrimonial ya estaba radicada en sede judicial.

Por ese motivo, rechazó el planteo y dispuso que el abogado fiscal Bernardo Colombres continúe con las actuaciones para ejecutar el cargo fiscal.

La Trinidad: rechazaron una prórroga para justificar gastos de 2017

El tercer expediente corresponde a la comuna rural de La Trinidad, donde las observaciones se remontan al ejercicio 2017.

Mediante el Acuerdo N° 2620, del 7 de julio de 2026, el Tribunal había declarado patrimonialmente responsables al excomisionado comunal Julio César González y al exsecretario habilitado Juan Carlos Ortiz, por observaciones no regularizadas correspondientes al cuarto, quinto y sexto bimestre de aquel año.

Por esas irregularidades se formuló un cargo fiscal de $9.373.881,78.

En el mismo expediente, el organismo también responsabilizó a González, Ortiz y al exsecretario habilitado René Germán Correa por observaciones correspondientes al segundo bimestre de 2017, con un cargo adicional de $2.965.178.

De esta manera, los cargos fiscales del expediente suman $12.339.059,78, sin contar las actualizaciones correspondientes.

Cuando las actuaciones ya se encontraban en etapa de ejecución, González y Ortiz solicitaron su sobreseimiento y una prórroga de 30 días hábiles para presentar documentación, además de la suspensión del trámite judicial de cobro.

Sin embargo, mediante el Acuerdo N° 4167, del 26 de octubre, el Tribunal rechazó la solicitud.

El organismo recordó que los plazos previstos por la Ley N° 6.970 son perentorios e improrrogables y que no corresponde reabrir etapas procesales una vez clausurado el juicio de cuentas y formulado el cargo fiscal.

Por ese motivo, ordenó que la abogada fiscal Agustina Bugeau continúe con las actuaciones correspondientes para procurar el cobro de los importes reclamados.

Comunas flojas de papeles: una problemática recurrente

Las nuevas resoluciones se suman a una serie de actuaciones del Tribunal de Cuentas que vienen exponiendo dificultades en la rendición de fondos públicos de las comunas rurales.

El pasado 17 de octubre, Tendencia de Noticias informó sobre cinco acuerdos que establecieron cargos fiscales por más de $205,3 millones contra autoridades y exautoridades de Gobernador Piedrabuena, Los Bulacios y Los Villagras, San Pablo y Villa Nougués y El Chañar. Más recientemente, el organismo reconoció la devolución de $4,8 millones por parte de exfuncionarios de Villa de Leales, luego de un procedimiento relacionado con la presentación de facturas apócrifas.

El panorama se inscribe en las advertencias formuladas por el propio Tribunal al examinar la Cuenta de Inversión 2025. En aquella oportunidad, el organismo señaló que las 93 comunas rurales de Tucumán utilizaban “registros contables precarios” y carecían de sistemas que garantizaran información “confiable, precisa y oportuna”.

Aunque el nivel de presentación formal de las rendiciones alcanzaba el 99,10%, persistían deficiencias estructurales en los mecanismos de registración y control de los recursos públicos.