Seguí se lanzó a la carrera por la AMT con críticas a la actual conducción y promete transparencia en los gastos

Desde la mesa de su casa, en un video dirigido a magistrados, fiscales y defensores, la vocal Malvina Seguí anunció que será candidata a presidir la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), la entidad a la que demanda desde hace más de un mes por el padrón de las elecciones de diciembre. Su amparo atravesó dos juzgados civiles y una Cámara con varios vocales excusados y una sentencia anulada por el presidente subrogante, y todavía no tiene una decisión de fondo. Los mandatos de la conducción actual vencen el 15 de diciembre.

En el mensaje, Seguí plantea que quiere que la entidad vuelva a ser “el hogar de todos” y no “una casa que se cierra para algunos”. Promete informar a los socios sobre las inversiones y los gastos que se hacen con sus aportes, comunicar las actividades para que todos participen “sin ningún favoritismo” y defender la independencia de los magistrados. “Una asociación que no te mienta”, expresa. Y agrega que no exigirá “una lealtad o una adhesión que ponga en tensión tus convicciones”. En el cierre invita a quienes la ven a pensar por qué una candidatura “por fuera de la conducción actual” encuentra “tensión” y “resistencia”, y a preguntarse “qué se esconde”. Concluye: “Soy fuerte, firme y honrada. No tengamos miedo”.

Seguí comunicó a la AMT su intención de ser candidata el 25 de septiembre y pidió un listado de asociados con su antigüedad y un pronunciamiento sobre cómo se computa la de los socios adherentes, categoría integrada por funcionarios judiciales. La Comisión Directiva respondió el 9 de octubre, en una nota firmada por su vicepresidente, Jorge Héctor Jakobsen. Sostuvo que quienes fueron incorporados en ejecución de la decisión de la asamblea de 2021 computan los cuatro años que exige el estatuto para votar desde su incorporación efectiva. Seguí sostiene que el plazo corre desde el 31 de octubre de 2025, fecha en que se publicó la reforma estatutaria en el Boletín Oficial, de modo que ningún adherente alcanzaría la antigüedad antes de 2029. Según su demanda, unos 50 funcionarios quedarían habilitados sobre un cuerpo electoral de unos 200 asociados. El 14 de octubre promovió el amparo electoral, patrocinada por el abogado Eduardo Racedo, y pidió una medida de no innovar para frenar el proceso electoral.

El trámite se enredó en la Justicia civil. El juez Raúl Tejerizo se inhibió el 15 de octubre por ser socio de la AMT. El juez Camilo Appas observó esa inhibición y elevó el expediente a la Cámara, donde se excusaron varios vocales. El 21 de octubre, Tejerizo recibió el caso, rechazó “por ahora” la cautelar y corrió traslado a la entidad. Seguí apeló y lo recusó con causa. El 26 de octubre, un tribunal de excusación integrado por sorteo dictó una sentencia que el vocal Benjamín Moisá, que asumió la presidencia subrogante de la Cámara, declaró nula. Moisá resolvió que Tejerizo continúe con el amparo y puso en conocimiento de la Superintendencia de la Corte la actuación de la directora de la Oficina de Gestión Asociada. En su informe, la AMT pidió rechazar la demanda. Afirma que no hay padrón confeccionado ni lista oficializada, que ninguno de los siete pasos del proceso electoral ocurrió y que Seguí participó de las asambleas de 2021 y 2025 que incorporaron a los funcionarios.

La otra causa la promovió la jueza Ana María Iacono, que demandó el 22 de julio la nulidad de la asamblea del 23 de abril, en la que se aprobó el balance 2025 sin que se le exhibieran los comprobantes de gastos que había pedido. El juez Pedro Yane Mana ordenó el 2 de octubre que la AMT presentara su documentación contable, bajo apercibimiento de secuestro. La entidad lo recusó sin causa y la causa pasó a la jueza Inés de los Ángeles Yamuss, que el 13 de octubre inspeccionó la sede y constató que el libro de Bancos no tiene anotaciones desde el 19 de mayo de 2017. El balance consigna un déficit de $483.649 y gastos en fiestas y agasajos por $65,6 millones, frente a $29,3 millones del año anterior, en moneda de cierre. El 26 de octubre, Yamuss aceptó en parte el recurso de la AMT, reemplazó el apercibimiento de secuestro por el de desobediencia y fijó una diligencia en la sede para el 27.

Según la Comisión Directiva, en un comunicado a sus asociados, durante casi dos horas se exhibió a la jueza la documentación solicitada, aunque la entidad presentó ese día un escrito para pedir una nueva fecha y plantear la nulidad de la notificación.

Según el estatuto, la elección debe realizarse en la primera quincena de diciembre y la convocatoria requiere al menos 30 días de anticipación. Seguí se reservó el derecho de pedir la intervención judicial de la entidad.