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POLÍTICA FISCAL
El Senado de la Nación aprobó el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes
La iniciativa impulsada por la UCR fija beneficios fiscales por 30 años, para proyectos de al menos U$S 12 millones. Exige un 20% de proveedores locales.
En la tarde del jueves el Senado de la Nación le dio media sanción el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical. La iniciativa obtuvo 60 votos a favor y 2 en contra. Ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
El esquema otorga estabilidad tributaria y beneficios fiscales durante 30 años a desarrollos productivos que contemplen un desembolso mínimo de U$S 12 millones.
Un punto intermedio entre las medianas y grandes inversiones
El nuevo marco normativo busca cubrir la brecha existente entre los beneficios de la legislación vigente y el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). El autor de la propuesta, el senador Eduardo Vischi, explicó que la norma surgió de reclamos del sector privado y apunta a fortalecer la competitividad del entramado productivo de la economía real, con foco en el desarrollo de la oferta exportadora.
Desde la oposición parlamentaria surgieron advertencias respecto del impacto macroeconómico y la superposición de regímenes de excepciones fiscales.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, consideró que la medida "tiene buenas intenciones" pero "resulta insuficiente", dada la coyuntura actual, mientras que el legislador Jorge Capitanich cuestionó la falta de previsión sobre el cupo fiscal en las cuentas públicas.
Detalles del proyecto
El proyecto habilita beneficios para desembolsos ejecutados en los primeros dos años de vigencia de la norma, destinados a maquinaria nueva, obras productivas, sistemas de riego, eficiencia energética, mallas antigranizo y ganado amortizable. Quedan excluidos del régimen los automóviles, activos financieros, inversiones de cartera y bienes de cambio.
Las firmas que soliciten la adhesión deberán presentar un plan detallado de ejecución, proyecciones de empleo y exportaciones, además de garantizar un mínimo del 20% de contratación de proveedores nacionales. La autoridad de aplicación dispondrá de un plazo máximo de 90 días hábiles para la evaluación de los proyectos presentados.
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