Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes

La expresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción en la causa Vialidad, pidió a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 que le ordena depositar su parte del perjuicio millonario causado al Estado. La exmandataria fue sentenciada a seis años de prisión por su rol en una asociación ilícita que direccionó contratos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez.

La presentación, realizada en primera persona y firmada también por su abogado Alberto Beraldi, llegó sobre la hora del vencimiento del plazo judicial que le exige, junto al resto de los condenados, cubrir los 530 millones de dólares fijados como parte del decomiso por el desfalco. La cifra es parte de los $684.990 millones calculados como daño al erario público durante su gobierno.

Aunque cumple su condena en prisión domiciliaria, la actual jefa del PJ nacional insiste en que "no tiene bienes producto del delito", y calificó de “disparate jurídico” el cálculo del monto que se le reclama. Al mismo tiempo, cuestionó la actualización monetaria aplicada por los jueces y pidió declarar la nulidad absoluta de la resolución.

El fallo que la condenó en diciembre de 2022 fue histórico: por primera vez, una expresidenta fue hallada culpable por corrupción en el ejercicio de sus funciones. La Justicia determinó que Cristina Kirchner lideró una estructura estatal para beneficiar con contratos viales a Báez, durante más de una década.

Además del pedido ante el TOF 2, la expresidenta recurrió el monto del decomiso ante la Cámara de Casación y advirtió que llevará su reclamo a la Corte Suprema. De ser necesario, también adelantó que podría acudir a organismos internacionales de derechos humanos.

En su escrito, Cristina Kirchner solicitó que se excluya de la medida a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, argumentando que recibieron sus bienes en calidad de anticipo de herencia y que no están vinculados a la causa Vialidad. Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostienen que parte de esos bienes deben ser alcanzados por el decomiso, ya que fueron adquiridos durante el esquema de corrupción y con fondos ilícitos.

La exmandataria, que enfrenta el decomiso junto a otros exfuncionarios también condenados por corrupción, sostiene que la metodología de cálculo fue arbitraria y que el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) infló desproporcionadamente el monto. Según su defensa, esto representa un proceso confiscatorio que viola garantías constitucionales.

Cristina también planteó que la ejecución de sus bienes en el fuero penal se superpone con una demanda civil que tramita en paralelo, en la que la Dirección Nacional de Vialidad reclama 1.100 millones de dólares por daños y perjuicios. Para su equipo legal, esto representa una doble persecución jurídica.

Una estrategia judicial para evitar el impacto político

Pese a que insiste en su inocencia y en que su patrimonio es “absolutamente legítimo”, Cristina Kirchner fue condenada por haber liderado uno de los casos de corrupción más grandes en la historia argentina. Las maniobras judiciales que ahora despliega buscan evitar el avance de la ejecución de sus bienes y atenuar el golpe político y económico de la sentencia.

La expresidenta ya no puede ocultar que carga con una condena penal por corrupción, y el avance del decomiso no solo implicaría una pérdida patrimonial significativa, sino también una señal de que la Justicia busca avanzar en la recuperación del dinero robado al Estado.