FRAUDE CORPORATIVO EN LULES
Un vendedor de motopartes fue imputado por una estafa millonaria tras años de emitir facturas falsas
La justicia formalizó los cargos contra un empleado de confianza de una distribuidora mayorista quien aprovechó su rol de viajante para desviar mercadería a terceros y falsificar documentos contables durante casi ocho años provocando un agujero financiero que supera los treinta millones de pesos mientras el proceso avanza bajo estrictas medidas de conducta
La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo la dirección del fiscal Diego López Ávila, llevó a cabo este miércoles 29 de abril la audiencia de formalización de la investigación contra un hombre de 31 años. El acusado se desempeñaba como vendedor viajante en la firma “La Vía S.R.L.”, una empresa dedicada a la importación de motopartes con sede en la ruta provincial 301, en la localidad de Lules. Según la imputación presentada por la auxiliar de fiscal Emely Rafael, el sujeto habría traicionado la confianza de sus empleadores mediante un complejo esquema delictivo.
El sospechoso tenía a su cargo una vasta cartera de clientes en las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca, lo que le otorgaba acceso directo al sistema informático de facturación de la compañía. La maniobra, que se habría extendido entre octubre de 2017 y mayo de 2025, consistía en emitir facturas legales a nombre de compradores autorizados, pero desviando la mercadería hacia terceros no registrados. Para ocultar el rastro, el imputado presuntamente falsificaba firmas en los remitos y percibía pagos que nunca eran rendidos a la administración central.
La detección del fraude fue posible gracias a que los propietarios de la firma realizaron una conciliación de cuentas y descubrieron que muchos clientes históricos desconocían las operaciones que figuraban a su nombre. Durante la pesquisa, se determinó que el vendedor también adulteraba los listados de deudores y proporcionaba información falsa sobre la situación comercial de los distritos a su cargo para evitar ser descubierto. El perjuicio económico total para la distribuidora ha sido estimado en aproximadamente $34.000.000, una cifra que refleja el impacto de una estafa sostenida en el tiempo.
Durante la audiencia, el magistrado interviniente validó la formulación de cargos por el delito de estafa y dictó una serie de medidas de coerción de menor intensidad por un plazo de seis meses. Estas reglas de conducta buscan garantizar que el imputado permanezca vinculado al proceso mientras se profundiza la recolección de pruebas digitales y testimoniales. De esta manera, el acusado deberá cumplir con estrictas pautas de comportamiento para asegurar el normal desarrollo de la causa judicial que busca resarcir el daño patrimonial a la empresa afectada.
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