
Bajo el nombre de “Aliados por la Infancia VI”, se ejecutó una de las mayores ofensivas globales contra la explotación sexual de menores en entornos digitales. Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Ciudad de Buenos Aires coordinó un total de 270 allanamientos simultáneos. Los procedimientos resultaron en la detención de 84 personas (26 en nuestro país y 58 en el exterior) acusadas de tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, tras una investigación que incluyó objetivos en Tucumán, Córdoba, Mendoza y la Provincia de Buenos Aires, además de naciones como Brasil, España y Francia.
La operación fue impulsada por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, quien utilizó herramientas tecnológicas de avanzada como los sistemas ICACCOPS y CPS. Estos programas permiten rastrear en tiempo real a usuarios de redes de intercambio de archivos que trafican este tipo de contenido. La labor contó con el apoyo fundamental del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional de ese país, consolidando un frente unido contra la criminalidad transnacional.
El Fiscal General de la Ciudad, Martín López Zavaleta, destacó la relevancia de que la Argentina se constituya como el centro coordinador de una tarea de tal magnitud. El funcionario explicó que el objetivo no es solo el secuestro de los dispositivos informáticos, sino también profundizar las investigaciones para determinar si los detenidos son, además de distribuidores, autores materiales de abusos directos contra niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la fiscal Dupuy señaló que la etapa siguiente consistirá en el peritaje técnico de los equipos secuestrados para elevar las causas a juicio con la mayor celeridad posible.
Este megaoperativo vuelve a poner de manifiesto que la cooperación internacional es un instrumento esencial para combatir delitos que no conocen fronteras. En el plano local, la Unidad de Cibercrimen identificó domicilios sospechosos en provincias que abarcan desde el norte al sur del país, incluyendo Santa Cruz, Salta, Chaco y San Luis. El éxito de la misión ratifica la eficacia de los acuerdos firmados con centros de capacitación criminalística internacionales para el uso de software de protección infantil.