EN TUCUMÁN
Emitía facturas a clientes reales pero entregaba la mercadería a otros: investigan una estafa de $34 millones
El acusado trabajaba como vendedor viajante y tenía acceso al sistema de facturación de la empresa. La maniobra habría funcionado durante varios años antes de ser detectada.
Por requerimiento de la Ministerio Público Fiscal de Tucumán, este miércoles 29 de abril se realizó una audiencia de formalización de la investigación y formulación de cargos contra un hombre de 31 años, acusado de haber cometido una presunta estafa en perjuicio de una empresa dedicada a la importación y distribución mayorista de motopartes.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por el fiscal Diego López Ávila. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Emely Rafael expuso los cargos y atribuyó al acusado el rol de presunto autor del delito de estafa.
Según la investigación, el imputado se desempeñaba desde hacía aproximadamente ocho años como vendedor viajante y encargado de ventas en otras provincias, con una cartera de clientes en Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca. En ese marco, tenía acceso directo al sistema informático de facturación de la empresa La Vía S.R.L., con sede en la ruta provincial 301, a la altura del kilómetro 17,5, en Lules.
El esquema fraudulento
De acuerdo con la acusación fiscal, entre octubre de 2017 y el 15 de mayo de 2025 el hombre habría aprovechado la confianza de los propietarios de la firma para desplegar una maniobra fraudulenta sostenida en el tiempo.
La Fiscalía sostiene que el acusado emitía facturas legítimas a nombre de clientes habilitados por la empresa, pero entregaba la mercadería a terceros no registrados. Además, habría falsificado firmas en remitos y cobrado pagos que luego no rendía a la compañía.
La pesquisa también determinó que, para ocultar el desvío de dinero, el imputado presuntamente adulteraba listados de deudores y brindaba información falsa sobre la situación comercial de los clientes.
Las irregularidades salieron a la luz cuando los responsables de la firma realizaron conciliaciones internas y detectaron inconsistencias en las cuentas: varios supuestos compradores desconocían las operaciones que figuraban facturadas a su nombre. El perjuicio económico estimado asciende a alrededor de $34 millones.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la aplicación de medidas de coerción de menor intensidad —consistentes en reglas de conducta— por el plazo de seis meses, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso.
El juez interviniente hizo lugar al planteo de la Fiscalía, tuvo por formalizada la investigación, aceptó la formulación de cargos y dispuso las medidas requeridas.
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