Tucumán destinará el 10% del presupuesto sanitario para el área de salud mental

La provincia de Tucumán está a las puertas de contar con una normativa de vanguardia en salud mental, un paso crucial para enfrentar una problemática que, en palabras del legislador Gabriel Yedlin, presidente de la Comisión de Salud Pública de la Legislatura, constituye “una epidemia mundial” que atraviesa a toda la sociedad. Este jueves, el Parlamento debatirá un proyecto unificado que introduce modificaciones sustanciales a las leyes provinciales de adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657) y a la Ley de Prevención del Suicidio (Nº 27.130), consolidando un marco legislativo que prioriza los derechos, la prevención y la atención integral.

El proyecto, que reúne siete iniciativas de diversos sectores políticos, refleja un consenso amplio y un año de trabajo colaborativo con aportes de la Organización Panamericana de la Salud, facultades de Psicología y Medicina, colegios profesionales, asociaciones civiles, usuarios y áreas del Estado provincial. “Venimos de un camino muy amplio de participación, y logramos construir una ley que Tucumán no tenía”, afirmó Yedlin, destacando el proceso participativo que dio forma a esta norma.

Garantizar derechos

La iniciativa crea el "Programa Provincial de Salud Mental", que establece herramientas concretas para fortalecer el sistema de atención. Entre sus puntos clave, se encuentra la georreferenciación de recursos, que permitirá mapear servicios disponibles para optimizar su acceso; un vademécum basado en evidencia científica para garantizar el acceso a psicofármacos; y estrategias de promoción, prevención y detección temprana en escuelas, centros comunitarios, laborales y espacios recreativos. Además, la norma aborda las adicciones como parte integral de la salud mental, garantizando los derechos de las personas con consumos problemáticos.“La ley garantiza derechos y amplía la cobertura desde una perspectiva que articula salud, educación, justicia y comunidad”, señaló Yedlin. En este sentido, el proyecto promueve la capacitación de los tres poderes del Estado, la creación de entornos saludables y la inclusión de la salud mental en el ámbito laboral, reconociendo factores de riesgo psicosocial. También establece que un mínimo del 10% del presupuesto provincial de salud se destinará al abordaje de esta problemática, un compromiso que se implementará progresivamente según las posibilidades del Tesoro.

AMPLIO CONSENSO. La Comisión de Salud Pública emitió dictamen favorable a un paquete de proyectos sobre la temática.

Un aspecto destacado es el programa “Vuelta a Casa”, que busca la resocialización de personas con internaciones crónicas en condiciones de alta, pero que permanecen institucionalizadas por carencias sociales. Este programa incluye un censo bianual para identificar a estas personas y facilitar su reintegración comunitaria. Asimismo, se crean la Comisión Provincial Interministerial y el Consejo Consultivo de Salud Mental, que articularán políticas públicas y recibirán aportes de la sociedad civil, universidades y colegios profesionales.

El proyecto también prioriza la atención comunitaria y no manicomial, promoviendo servicios como atención ambulatoria, domiciliaria, hospitales de día, casas de medio camino y teleasistencia. “El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario, a cargo de un equipo interdisciplinario”, establece el Artículo 8 del proyecto, alineándose con la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Perspectiva integral

En relación con la Ley de Prevención del Suicidio, la norma fortalece protocolos que incluyen capacitación en ámbitos educativos, laborales y de encierro, campañas contra el estigma, y acompañamiento a personas en riesgo y sus entornos. “Se trata de una ley que aporta un marco legislativo adecuado para el ejercicio de los derechos de las personas con problemas de salud mental”, subrayó Yedlin, destacando su enfoque en la equidad, la lucha contra la estigmatización y la atención con perspectiva de género.

El proyecto también garantiza los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad, en línea con normativas nacionales e internacionales, y promueve la creación de entornos que favorezcan el bienestar de adultos mayores. “Capacitar a los tres poderes del Estado, trabajar con jóvenes y adultos mayores, promover entornos saludables, incluir la salud mental en el trabajo, es parte de entender esto como una política pública estructural, no como un tema aislado”, afirmó Yedlin.

Con el dictamen favorable de los legisladores Yedlin, José Cano, Raquel Nievas, Maia Martínez, Alejandro Figueroa, Jesús Herrera y Luis Olea, el proyecto ingresará al orden del día de la venidera sesión. Se espera un debate amplio y transversal, reflejo de la relevancia de esta norma que, según Yedlin, constituye “una señal clara de que hay un emergente social que nos interpela”. Tucumán se prepara así para dar un salto cualitativo en la atención de la salud mental, respondiendo a una demanda social urgente con herramientas innovadoras y una visión integral.