Se duplicaron las denuncias por la megaestafa en Yerba Buena: los acusados son los mismos dueños de Provincia Multimarcas

El escándalo que estalló con las 12 denuncias contra la concesionaria DG Automotores, de Yerba Buena, duplicó ya la cantidad de demandantes y, además, se supo que los acusados ya habían tenido una gran cantidad de demandas años atrás, en la llamada causa Provincia Multimarcas.

El viernes por la mañana se realizó una audiencia para reformular los cargos que pesan contra Matías Díaz Vier (40), su pareja, Anabel García (37) y Javier Goitea. El motivo fue que ingresaron nuevas denuncias en su contra, que quedaron formalmente incorporadas. Así, a las 12 iniciales presentadas en junio de este año, se agregaron 16 más, quedando en un total provisorio de 28 demandas de clientes. 

García y Díaz Vier. Foto: La Gaceta

La investigación es por el delito de estafas reiteradas y fue declarada causa compleja, por lo que, a partir de ahora, se podrían ampliar los plazos de investigación y la duración de las prisiones preventivas que pesan sobre los acusados. 

De acuerdo a la acusación, la pareja era titular de Digital Cars, concesionaria que operaba en la calle Solano Vera, en Yerba Buena; Goitea manejaba las cuentas del negocio y los tres se dedicaban a captar víctimas, a quienes les prometían la entrega de vehículos o se ofrecían a vender los de sus clientes. 

La fiscalía sostiene que lograban que las víctimas entregaran sus automóviles en consignación o como parte de pago por unidades 0 km mediante esquemas “llave por llave”. Para ello, pedían a sus clientes que entreguen los autos y las motos con sus correspondientes formularios 08 firmados. Luego, los vendían y no le entregaban al dueño del auto su dinero, o le depositaban montos significativamente menores con diferentes excusas. 

Siempre de acuerdo a la teoría fiscal y de la querella, también tenían otro modus operandi. Consistía en hacer creer al cliente que le gestionarían un crédito ante bancos como Santander o Supervielle y que, mientras tanto, debían entregar una seña. El préstamo nunca era gestionado y la seña no se devolvía. 

El dinero de los clientes, según la hipótesis de la acusación, se transfería directamente a la cuenta de Anabel García. Pero las víctimas no solo dejaban plata, también entregaban vehículos con las llaves y la transferencia firmada en blanco y otros objetos de valor, como celulares. Según los demandantes, los vehículos prometidos no llegaban y los bienes entregados no volvían a sus manos. 

Díaz Vier, García y Goitea no son novatos en el negocio de la compra y venta de autos ni tampoco en el ambiente de las estafas. Entre 2020 y 2022 recibieron numerosas demandas con otra firma, que se hizo tristemente conocida por las manifestaciones que los clientes realizaron en la puerta del negocio: Provincia Multimarcas, que funcionaba en el piso 13 de calle Salta 126. Aquella empresa tuvo una cantidad de clientes importante porque publicitaba sus servicios en Canal 10, con lo que se convirtió en masiva. Ante el escándalo, la firma cerró y dejó de atender los teléfonos. 

Audiencia de Provincia Multimarcas, en 2022

En aquella oportunidad, Díaz Vier y García se mostraban indignados por las acusaciones y hasta reclamaron que les sacaban fotos y los espiaban dentro del country en el que vivían. Pese a la gravedad de las acusaciones, la causa se cerró en 2022 con una probation, es decir, la suspensión del juicio a prueba. Los acusados eran cuatro: además de la pareja y de Goitea (que ya “trabajaba” con ellos) también se encontraba María José García. Los cuatro  se comprometieron a reparar a cada una de las víctimas, además de hacer una donación de $100.000 a pagar entre todos al Estado Provincial para ser destinada a una ONG. Así, quedaron en libertad. 

Aparentemente, volvieron a dedicarse al rubro, esta vez con otro nombre de fantasía y en otra localidad: DC Automotores en Yerba Buena. Los incumplimientos, de acuerdo a las denuncias, comenzaron a finales del año pasado. Se estima que, a mediados de este año el monto del presunto fraude alcanzó los $180 millones pero ahora que los denunciantes son el doble, esa cifra se podría disparar.