
En una decisión que busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de las entidades financieras, la Dirección de Comercio Interior (DCI) sancionó a la firma Prisma Medios de Pago (que opera la tarjeta Visa) con una multa de $10.015.145,84. La resolución responde a la vulneración del artículo 19 de la Ley 24.240, tras acreditarse que la empresa no garantizó las condiciones de servicio ni protegió a una clienta frente a operaciones fraudulentas que nunca fueron autorizadas.
La investigación administrativa se inició a raíz de la denuncia de María Teresita del Valle Bravo, residente del Departamento Monteros. La mujer alertó sobre una serie de cargos bajo el nombre de “Desarrollos Manufact” que aparecieron en su resumen de cuenta. Se trataba de tres transacciones financiadas en seis cuotas por montos de:
$79.200,00
$39.339,96
$18.000,00
A pesar de que la damnificada jamás presentó el plástico para dichas compras y realizó las quejas correspondientes —incluyendo el reclamo formal N° 63147760—, la operadora no solo no resolvió el inconveniente, sino que los cargos persistieron incluso después de haber renovado la tarjeta de crédito en varias ocasiones.
Silencio corporativo y castigo adicional
La conducta de Prisma durante el proceso legal agravó su situación. Según consta en el expediente, la compañía no asistió a las audiencias de conciliación ni presentó descargos para ejercer su defensa. Esta actitud evasiva derivó en una sanción extra por incomparecencia, sumada a la penalidad principal.
Además del pago de la multa, la justicia administrativa ordenó que la empresa publique el fallo en un diario de amplia difusión local, como medida de reparación simbólica y transparencia hacia la comunidad.
El director de la DCI, Manuel Canto, vinculó este dictamen con una estrategia integral de control sobre las grandes empresas que operan en la provincia. Al respecto, el funcionario subrayó: “Seguimos trabajando con una premisa clara: defender a los tucumanos y hacer cumplir la ley frente a cualquier empresa que vulnere los derechos de los consumidores”.