Prometían ayuda social y dejaban deudas millonarias: una estafa que golpeó a más de 20 jubilados

La Justicia declaró como asunto complejo la causa que investiga presuntas estafas cometidas mediante la modalidad conocida como “créditos fantasmas”, en perjuicio de adultos mayores. Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo la prórroga de las medidas cautelares que pesan sobre las dos mujeres imputadas en el expediente.

La audiencia se llevó a cabo este lunes 22 de diciembre y fue convocada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Diego Hevia. Durante la instancia, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás requirió la extensión de las medidas de coerción de menor intensidad que cumplen las imputadas y pidió que la causa sea declarada de trámite complejo, argumentando la multiplicidad de evidencias producidas en la investigación.

A las acusadas se les atribuye, hasta el momento, el rol de presuntas coautoras del delito de estafa por cuatro hechos ocurridos entre fines de febrero y mediados de marzo de 2025, en perjuicio de tres mujeres y un hombre, todos adultos mayores.

Según la acusación, las imputadas hacían creer a las víctimas que accederían a electrodomésticos a través de una ayuda social del gobierno, cuando en realidad las inducían a tomar créditos personales para la compra de esos bienes.

De acuerdo con la investigación, las víctimas eran citadas a sucursales de comercios de artículos para el hogar, donde presentaban su documentación y firmaban formularios bajo la supuesta validación de la ayuda estatal. Luego recibían algunos productos, pero tiempo después eran notificados por entidades financieras sobre deudas correspondientes a préstamos personales que desconocían, los cuales incluían otros electrodomésticos retirados por las imputadas.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal expuso como evidencia el análisis UFED de los teléfonos celulares de las acusadas. Del estudio de chats, audios e imágenes surgió la presunta ejecución de maniobras de estafa bajo la modalidad de “créditos fantasmas”, así como la existencia de una organización criminal con roles definidos, dedicada a captar documentación de terceros y gestionar créditos fraudulentos. También se mencionó una logística coordinada para el traslado de víctimas y mercadería.

Según se informó, a los cuatro hechos iniciales se sumaron seis nuevos legajos en etapa de investigación y un informe del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) que daría cuenta de al menos 13 víctimas adicionales, lo que elevaría el total de casos a 22.

Finalmente, el juez interviniente resolvió hacer lugar a lo solicitado por la Fiscalía, dispuso la extensión de las medidas de coerción por un plazo de siete meses y declaró la causa como procedimiento de asunto complejo.