La oposición mete presión para voltear al IPLA por considerarlo un "organismo recaudatorio y persecutorio"

Intervenciones sucesivas desde hace más de dos décadas que no habrían demostrado la eficiencia en el cumplimiento de los fines para los que fue creada la entidad y una presunta orientación meramente recaudatoria, son los argumentos vertidos por la legisladora Raquel Nievas (UCR) en su proyecto de ley presentado ante la Cámara, donde propone la derogación de la norma 7243 a partir de la cual se creó el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y, en su lugar, establece la creación del Registro Provincial de Establecimientos Expendedores de Bebidas Alcohólicas, que funcionará con carácter permanente.

En tal Registro y, de acuerdo a lo señalado en el articulado de la iniciativa, deberán estar inscriptos "todos los establecimientos o locales que exhiban, comercialicen y suministren bebidas alcohólicas, cualquiera sea su naturaleza y graduación, en envases cerrados o abiertos, para su consumo dentro o fuera del local".

"El IPLA viene siendo intervenido administrativamente en forma permanente y de continuo por el Poder Ejecutivo desde hace más de 23 años. Dicho accionar resulta contrario a lo establecido en la ley 7878 la cual, en su artículo 30°, prescribe que la finalidad esencial de una intervención es 'hacer cesar las causas que la motivaron´ o lograr la 'normalización institucional' como así también el artículo 5° marca que el deber personal del interventor es informar 'los lineamientos generales de la gestión que se propone realizar a fin de lograr la normalización institucional del ente

intervenido' siendo esta situación de permanente intervención totalmente anómala y desproporcionada", señala, en los fundamentos del proyecto, Nievas.

Vale señalar que, hacia fines de diciembre del año pasado, un decreto que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo dispuso prorrogar la continuidad en el cargo del actual interventor del organismo, Dante Loza, por sólo 60 días, con el argumento de que está en análisis del Poder Ejecutivo la normalización de dicho organismo. “Este Gobierno es absolutamente respetuoso de las Instituciones, y en esa inteligencia, actualmente se encuentra estudiando la normalización del citado ente, procurándose que en dicha etapa se continúe con la activa y efectiva tarea hasta aquí desarrollada”, expone el decreto por el cual se prorroga la vigencia de la intervención del IPLA , que está próxima a expirar.

Sin parámetros objetivos

De acuerdo a lo asegurado por Nievas, el IPLA "lejos de ser un instrumento valioso para la lucha contra el alcoholismo se ha trasformado en un organismo netamente recaudatorio y persecutorio, generando cada vez una mayor presión tributaria al sector privado, trasformando el canon para el permiso para expender bebidas alcohólicas en un nuevo tributo solo sujeto a la voluntad de su interventor, sin ningún parámetro objetivo para establecer sus montos".

Al respecto, en el artículo seis de su proyecto, se resalta que el valor del canon de inscripción como el de renovación anual se determinará en unidades fijas denominadas UF, cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. El monto se determinará en cantidades UF, y se abonará anualmente su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago, desde un mínimo de 50 UF hasta un máximo de 150 UF.

La parlamentaria radical hace alusión a que el propio artículo 8° de la ley 7243, que busca derogar, reza que los importes recaudados anualmente por el IPLA se destinarán en un 100% para cubrir los gastos de personal, funcionamiento, y todo otro concepto que surja del cumplimiento de las funciones, "dejando de lado la

principal función que debería perseguir como es el trabajo en programas de

educación, capacitación, prevención y tratamientos de las adicciones, cuestión

que es abordada en el artículo 7° de este proyecto, el cual prevé la división de los

recursos en partes iguales, tanto para la fiscalización, como para el abordaje

integral de las adicciones (en municipios y comunas), abandonando el paradigma recaudatorio por uno que le haga frente a el flagelo del alcoholismo".

Detalles de la iniciativa

Paralelamente, el proyecto estipula la prohibición, distribución, suministro, venta, expendio a cualquier título, de bebidas alcohólicas a comercios que no se encuentren inscriptos en el Registro. Como así también prohíbe la venta de estas bebidas a menores de 18 años en cualquier circunstancia.

Al hacer mención a las sanciones que podrán ser aplicadas si se comprueban violaciones a la normativa, Nievas enumera las siguientes:

• Multas cuyo monto será determinado por vía reglamentaria.

• Clausuras temporales de los establecimientos y/o locales.

• Clausuras definitivas en caso de reincidencia con más la inhabilitación

• del titular del local para vender, exhibir y suministrar bebidas alcohólicas en

  todas sus graduaciones, presentaciones o preparaciones.

• Decomiso de toda bebida alcohólica que se encontrare dentro del local

  infractor.

Finalmente, y tras señalar que este tipo de Registros ya se han implementado de manera "exitosa" en otras jurisdicciones como Salta, Córdoba, Buenos Aires entre otras, Nievas aduce que mediante la desaparición del IPLA y su sustitución por este nuevo órgano lo que se busca es avanzar en un proceso de " desburocratización", según lo esgrimido en la iniciativa que se encuentra en estudio de las Comisiones de Seguridad y Justicia y de Salud Pública.

Ya en 2024, el representante de la Libertad Avanza en la Cámara, José Macome, había presentado un proyecto similar, por lo que comienza a exhibirse una mayor presión opositora para que el gobierno provincial decida finalmente poner fin a este organismo. " Si pensamos en que el alcoholismo es un problema grave de salud, deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en que el Ministerio de Salud tome la posta. No necesitamos un instituto enorme con tantos empleados solo para cobrar una tasa y multar a los comerciantes”, había expresado el legislador en su momento.