La Legislatura se apresta a marcar el camino hacia una conciencia sustentable en las aulas tucumanas

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, encabezada por la legisladora Adriana Najar, emitió un dictamen unificado que busca establecer la Ley Provincial de Educación Ambiental Integral. Este proyecto, que será tratado por el plenario de la Legislatura en la sesión programada para este jueves, surge del consenso de tres iniciativas previas y pretende otorgar un marco jurídico sólido a las políticas de concientización que actualmente se ejecutan de manera aislada.

La normativa propuesta no solo busca la adhesión a los lineamientos nacionales, sino que establece una hoja de ruta específica para que la provincia gestione sus propios recursos pedagógicos y garantice la continuidad de estas políticas más allá de los cambios de gestión. "Necesitábamos un plan jurisdiccional y brindar herramientas al Poder Ejecutivo que garanticen su continuidad", explicó Najar.

El texto del dictamen, al que se llegó tras el análisis técnico de los equipos legislativos, destaca por su carácter abarcativo. El Artículo 1° establece la adhesión a la Ley Nacional N° 27.621, reconociendo el derecho a la educación ambiental "con perspectiva de desarrollo sostenible, como política pública".

Uno de los puntos centrales reside en la autoridad de aplicación, que recaerá de manera conjunta en el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, asegurando una mirada técnica y pedagógica al mismo tiempo. En cuanto a la implementación, el Artículo 3° es taxativo: "El Ministerio de Educación de la Provincia deberá incorporar, de manera transversal, contenidos de educación ambiental, aplicables a todos los niveles y modalidades del sistema educativo garantizando su inclusión progresiva en las currículas, promoviendo un enfoque interdisciplinario y una visión integral de los problemas ambientales".

Asimismo, el proyecto contempla la creación de un Registro Provincial de Instituciones y Organizaciones de Educación Ambiental (Art. 7°), permitiendo que universidades y ONGs colaboren formalmente con el sistema educativo para paliar la falta de personal especializado en la materia.

Los fundamentos de una reforma necesaria

La unificación del proyecto se nutrió de los argumentos expuestos por los legisladores propulsores de la iniciativa, Najar, Claudio Viña y Hugo Ledesma, quienes coincidieron en la urgencia de dotar a la provincia de estas herramientas.

Najar fundamentó la importancia de la transversalidad: "La educación ambiental constituye una herramienta fundamental para abordar los desafíos ambientales contemporáneos, promoviendo en las nuevas generaciones la comprensión de los problemas ambientales, el uso responsable de los recursos naturales y el desarrollo de prácticas sociales sostenibles. El proyecto propone actualizar los contenidos curriculares mediante la modificación de la Ley Provincial de Educación N° 8.391, con el fin de fortalecer la formación de los estudiantes en materia ambiental, biodiversidad, soberanía y justicia ambiental".

Crisis y transformación

Por su parte, Viña hizo hincapié en la responsabilidad del Estado frente a la crisis global: "Nuestra provincia no debe quedar afuera de las políticas ambientales que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Estamos transitando a nivel mundial una crisis ambiental que requiere del compromiso de toda la sociedad y de respuestas concretas e inmediatas por parte del estado. Se busca garantizar el acceso a información sobre asuntos ambientales y la capacidad de adquirir las herramientas necesarias para transformar la realidad de la provincia".

Finalmente, Ledesma enmarcó la iniciativa en el derecho constitucional a un ambiente sano: "La norma establece mecanismos de diálogo para la implementación de la educación ambiental integral, concebida como un proceso educativo permanente. Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. Busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común".

Con este consenso, el Parlamento local se encamina a sancionar una norma que obligará al Poder Ejecutivo a reglamentar las acciones en un plazo de 90 días, invitando además a los municipios a dictar normas análogas para que la educación ambiental alcance cada rincón de Tucumán.