Thelma Fardín cuestionó la validez del proyecto que busca aumentar las penas por falsas denuncias

El tratamiento en la Cámara Alta de una propuesta de reforma para modificar las escalas penales vigentes ha generado profundas discrepancias en el ámbito social y legislativo. El proyecto impulsado formalmente por la senadora Carolina Losada propone la aplicación de penas de prisión de uno a tres años para quien realice una falsa acusación de un delito ante las autoridades correspondientes. Asimismo, el texto legal establece un agravamiento específico con condenas de tres a seis años de cárcel si la denuncia falsa se efectúa en un contexto de violencia de género, agresiones contra menores o delitos contra la integridad sexual.

La propuesta parlamentaria también contempla castigos de uno a cuatro años de prisión para aquellos testigos, peritos o intérpretes que afirmen una falsedad, nieguen o callen la verdad durante los procedimientos. Al respecto, la actriz Thelma Fardín, quien adquirió notoriedad en el fuero judicial tras denunciar en 2018 al actor Juan Darthés por un hecho de violación ocurrido en Nicaragua durante su minoría de edad, manifestó su preocupación. La referente expuso que la normativa actual ya contempla sanciones para estos actos y advirtió que endurecer los montos de la pena desalentará aún más la concurrencia de las víctimas a las comisarías.

La postura crítica frente a la reforma resalta la disparidad existente entre el volumen de presentaciones falsas y el universo de agresiones que quedan en el anonimato. De acuerdo con las variables estadísticas expuestas por la analista María Migliore, a nivel global los casos de denuncias falsas representan menos del uno por ciento del total, mientras que en el territorio nacional los informes del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género sitúan dicha cifra por debajo del tres por ciento, vinculándose mayormente a ilícitos de carácter económico y no a problemáticas de género. En contraposición, el ochenta y ocho por ciento de los delitos contra la integridad sexual no son notificados a la justicia.

Los datos relevados indican además que solo una de cada cuatro mujeres que sufren maltratos por parte de sus parejas logra formalizar una denuncia, y apenas el dieciocho por ciento de las víctimas de femicidio contaba con una presentación previa contra su agresor. En ese sentido, los cuestionamientos hacia la iniciativa aprobada en comisiones apuntan a que no optimiza las herramientas de investigación del Poder Judicial. Por el contrario, se señala que la reforma añade una presión punitiva en un sistema donde solo el quince por ciento de las causas iniciadas alcanza una condena, resultando el proceso de revisión penal altamente revictimizante para las denunciantes.