El Gobierno elimina otro organismo y reestructura el control del Código Alimentario Argentino

El Gobierno nacional dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y reorganizó la gestión del Código Alimentario Argentino (CAA), que ahora estará bajo la órbita de los ministerios de Salud y Economía. Esta medida, oficializada a través del Decreto 538/2025, establece que el Sistema Nacional de Control de Alimentos será liderado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Salud, Mario Lugones, subraya que la eliminación de la CONAL busca una gestión más eficiente. “La dinámica actual de la producción, industrialización y comercio de alimentos exige mecanismos de respuesta más ágiles y directos, que pueden verse innecesariamente ralentizados por la intermediación de un cuerpo colegiado de carácter asesor como la CONAL”, indica el texto, destacando como objetivo la “modernización de sus estructuras administrativas para obtener mayor eficiencia en la gestión pública”.

La actualización del Código Alimentario quedará en manos del Ministerio de Salud, a través de la ANMAT, y del Ministerio de Economía, vía la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ambos podrán consultar a expertos, quienes deberán emitir informes en un plazo de 15 días hábiles. Además, la ANMAT controlará la base de datos del sistema y, junto con SENASA y las autoridades sanitarias provinciales, garantizará el cumplimiento del CAA. El decreto también invita a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires a sumarse al nuevo esquema.

“La disolución de la Comisión Nacional de Alimentos no implica un menoscabo en la protección de la salud de la población ni en la calidad y sanidad de los alimentos, sino que busca optimizar los procesos de toma de decisión, concentrando las responsabilidades en los entes que detentan el poder de fiscalización y control”, detalla el documento. La medida se enmarca en una revisión integral de los organismos públicos para lograr una administración más austera y eficaz, según el Ejecutivo.