Inversión y empleo: el alcance del nuevo RIMI para la agroindustria

La Secretaría de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) ya se encuentra operativo en el marco de la Ley de Modernización Laboral. La herramienta apunta a estimular proyectos productivos de pequeñas y medianas empresas agroindustriales, complementando al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El esquema contempla montos que van desde 150.000 dólares para microempresas hasta 9 millones de dólares para medianas tramo 2.

El régimen promueve inversiones destinadas a la compra, fabricación o importación de bienes mueble nuevos amortizables en el impuesto a las ganancias, así como obras vinculadas a procesos productivos. También prevé incentivos sin montos mínimos para proyectos considerados estratégicos, como sistemas de riego, equipamiento de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y la incorporación de hacienda.

Desde el área oficial señalaron que el objetivo es “generar condiciones que favorezcan la inversión productiva y el empleo en el entramado PyME agroindustrial”. En materia tributaria, el RIMI establece un esquema de amortización acelerada: en una cuota para inversiones estratégicas y en dos para bienes muebles. Además, los créditos fiscales de IVA podrán computarse a partir del tercer período fiscal mensual posterior a la inversión.

La normativa también introduce beneficios específicos, como una reducción en la alícuota del IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego con destino agroindustrial. En paralelo, modifica el criterio de valuación de hacienda en establecimientos de invernada y engorde a corral, lo que impacta en la determinación del impuesto a las ganancias al reducir el resultado por tenencia en cada ejercicio.

En el plano laboral, la ley ajusta aspectos del régimen de trabajo agrario. Se redefine el esquema de subcontratación y cesión, limitando la responsabilidad solidaria y estableciendo vínculo directo con quien registra la relación laboral. También se amplía el período de prueba a ocho meses, se habilita la continuidad de contratos temporarios sucesivos y se establece la compatibilidad entre empleo rural temporario y prestaciones sociales. Según la Secretaría, estas modificaciones buscan “adaptar la normativa laboral a las dinámicas actuales del campo y fomentar la formalización”.