Vacíos normativos, reinserción social y supervisores: los puntos que la política tucumana busca adecuar del nuevo Régimen Penal Juvenil

Miguel Acevedo, vicegobernador de Tucumán, y Daniel Leiva, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, encabezaron un encuentro interinstitucional para coordinar la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Durante la reunión, las autoridades abordaron las complejidades técnicas que requiere la implementación de la nueva ley para garantizar su correcta ejecución. “En cada reunión que tenemos, con distintas miradas, yo creo que hay un avance positivo. La ley nacional, la cual ya está en vigencia y la provincia la está cumpliendo, establece algunas disposiciones que son un poco complejas. Hay que compatibilizar la opinión del Poder Judicial con la opinión del Ministerio de Desarrollo Social”, aclaró Acevedo.

Leiva también ponderó el trabajo articulado entre las áreas del Estado para evitar vacíos normativos. “Vamos a ir avanzando en pos de lograr una ley que sea de aplicabilidad, porque en la Legislatura queremos sancionar leyes que una vez que estén sancionadas y se promulguen, se pueda cumplir y no quede en letra muerta”, agregó.

Los integrantes de distintas comisiones de la Legislatura detallaron qué aspectos del nuevo régimen deberán ser adaptados en Tucumán. “Tenemos que hacer una adecuación procesal naturalmente y la creación de un régimen de ejecución de sentencia para menores”, explicó Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Legislación General.

El parlamentario también precisó que el trabajo en la Legislatura está centrado en unificar las distintas posturas para emitir un dictamen consensuado antes de debatirlo en la próxima sesión legislativa. Además de las reformas necesarias al Código Procesal Penal, precisó que el objetivo será generar condiciones para reinsertar en la sociedad a los menores condenados.

Otro punto de debate es la figura del supervisor que creó la normativa nacional. Este rol debe ser ocupado por un profesional que se encargará del seguimiento y control del adolescente imputado en cada caso. Sin embargo, las autoridades provinciales aún no clarificaron quién será el órgano encargado de implementar esta tarea en Tucumán. “Estamos viendo si va a quedar en el órgano del Poder Ejecutivo o va a ser parte de una estructura en el Poder Judicial”, aclaró el legislador Mario Leito.