Molinuevo pide pronto despacho a la Corte y redobla la presión por la coparticipación

La disputa judicial entre la Municipalidad de Concepción y el Gobierno de Tucumán por la distribución de fondos a los municipios se mantiene a la espera de una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El abogado Julio Francisco Herrera, en representación del municipio, había presentado un escrito de pronto despacho en el que reclamó al tribunal una resolución inmediata, y contestó además el traslado de la oposición formulada por la Provincia a la prueba ofrecida por la parte actora. Según el intendente Alejandro Molinuevo, hay una demora injustificada del máximo tribunal.

La causa se originó en octubre de 2023 a partir de la negativa del Ejecutivo provincial a brindar información pública sobre los aportes reintegrables y no reintegrables distribuidos a municipios y comunas. El planteo derivó luego en un cuestionamiento de mayor alcance al esquema vigente de coparticipación provincial. El intendente Molinuevo ya había denunciado en julio, a través de un comunicado oficial, que el expediente se encontraba "vencido de plazo para resolver" y que la definición final permanecía en manos del presidente de la Corte, Daniel Leiva, pese a que ya existían dos votos de vocales del cuerpo.

En el escrito de pronto despacho, la defensa del municipio sostuvo que el estado "Pase a Estudio" de la causa se prolongó de manera injustificada y que ello constituye un grave retardo de justicia. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo que la dilación injustificada de un tribunal no puede redundar en un perjuicio irreparable para quienes, por una conducta ajena que no pueden modificar, se ven impedidos de obtener una sentencia definitiva en tiempo útil.

En la contestación del traslado, la parte actora rechazó la oposición de la Provincia a la producción de la prueba ofrecida y sostuvo que la información reclamada -vinculada a los ingresos recibidos por la Provincia y a su distribución entre los municipios, en particular con Concepción- es de carácter público. El escrito invocó el artículo 24 de la Constitución de Tucumán y el marco de tratados internacionales de derechos humanos que consagran el derecho de acceso a la información pública, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Citó también dictámenes de la Procuración General ante la Corte Suprema de la Nación, que definieron el acceso a la información como un derecho fundamental en toda sociedad democrática y establecieron que la obligación estatal de garantizarlo alcanza a todos los órganos del poder público, no solo al ámbito administrativo.

El escrito agregó que la interpretación de dispositivos procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, y calificó de inconcebible la posición asumida por la Provincia en el litigio. Solicitó al tribunal el rechazo de la oposición planteada, con imposición de costas, y formuló reserva del caso federal para eventualmente recurrir ante la Corte Suprema de la Nación por la vía del recurso extraordinario.

Las presentaciones se suman a un conflicto que Molinuevo mantiene desde hace meses con la administración del gobernador Osvaldo Jaldo en torno a la autonomía financiera de los municipios, en momentos en que el intendente de Concepción profundizó su acercamiento al espacio de La Libertad Avanza en Tucumán.