Condenaron a José López y los Schoklender por el desvío de $206 millones en Sueños Compartidos

El Tribunal Oral Federal N° 5 condenó este lunes al exsecretario de Obras Públicas José López, al exsubsecretario Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de más de $206 millones que habían sido destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos, administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En cambio, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto.

Los hechos investigados se remontan principalmente al período 2008-2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Estado nacional giró fondos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo mediante convenios con el Ministerio de Planificación Federal para construir viviendas y centros de salud en distintas provincias.

Actualmente, la expresidenta cumple una condena firme a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por haber sido considerada autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Vialidad. Esa condena, correspondiente a un expediente diferente al de Sueños Compartidos, quedó firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025.

En el caso conocido este lunes, López recibió una pena de dos años y nueve meses de prisión en suspenso, al igual que Fatala. Sergio Schoklender fue condenado a dos años y ocho meses, mientras que su hermano Pablo recibió dos años y cuatro meses.

Debido a que las penas son inferiores a tres años y fueron impuestas en suspenso, los condenados no irán a prisión por este fallo, aunque deberán cumplir las reglas de conducta establecidas por el tribunal. Además, ninguna de las condenas quedó firme, ya que las defensas anticiparon que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con disidencias respecto de algunas de las decisiones.

Además de De Vido, fueron absueltos los exfuncionarios santiagueños Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, y los exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal Claudio Freidin y Carlos Castellano.

Más de $206 millones destinados a viviendas

La investigación puso bajo la lupa el destino de los fondos que el Estado nacional transfirió a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para ejecutar el programa habitacional Sueños Compartidos.

Según la acusación, la fundación administró casi $748,7 millones, de los cuales unos $206,4 millones habrían sido desviados hacia empresas vinculadas con sus entonces apoderados.

Durante su alegato, el fiscal Diego Velasco sostuvo que existió un “plan criminal” articulado entre funcionarios nacionales y los responsables del programa. Según la hipótesis acusatoria, las obras fueron adjudicadas directamente y sin licitación a la fundación, desde donde parte de los recursos terminó derivada hacia sociedades relacionadas con los Schoklender.

La representante de la Unidad de Información Financiera (UIF), Marianela Teich, había caracterizado el mecanismo investigado como una “arquitectura delictiva” montada alrededor de la contratación pública.

Tanto la Fiscalía como la UIF habían solicitado seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, al considerarlos responsables de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio del Estado. Antes del veredicto, la acusación había sostenido que correspondían penas de hasta seis años.

El tribunal resolvió finalmente condenar a cuatro de ellos y absolver al exministro De Vido.

De Vido, absuelto

Uno de los puntos centrales del fallo fue precisamente la absolución del exministro de Planificación Federal, cartera de la que dependía la estructura estatal que celebró los convenios para financiar las viviendas.

La decisión no fue unánime. Daniel Obligado votó en disidencia respecto de la absolución de De Vido, mientras que Grünberg coincidió con Paliotti en desvincularlo penalmente.

A su vez, Grünberg votó en disidencia respecto de las condenas impuestas a López, Fatala y los hermanos Schoklender.

Los gobernadores e intendentes que habían firmado convenios para ejecutar las viviendas no formaron parte de este juicio, debido a que habían sido sobreseídos anteriormente. En 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi había desvinculado a otros 25 imputados.

Hebe de Bonafini, entonces presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, permaneció procesada en el expediente hasta su fallecimiento, en noviembre de 2022, por lo que nunca llegó a afrontar el juicio oral.

Un expediente que demoró 15 años

La causa comenzó en 2011, después de que saliera a la luz el conflicto entre Sergio Schoklender y Bonafini, pero recién llegó a juicio oral en marzo de este año.

El veredicto se produjo después de aproximadamente seis meses de audiencias y al límite de una discusión sobre la prescripción de la acción penal. Las defensas habían reclamado el cierre del expediente por el tiempo transcurrido, planteo que fue rechazado por el tribunal. La definición estaba prevista justamente en torno al vencimiento del plazo que era objeto de controversia entre las partes.

El tribunal dispuso además el decomiso de los $206 millones involucrados, suma que deberá ser actualizada cuando la sentencia quede firme y que tendrá como destino programas de vivienda social.

Tras escuchar la condena, Sergio Schoklender cuestionó duramente el veredicto y sostuvo que durante el debate no se acreditó el delito por el que fue juzgado.

“Es un absurdo: no se animaron a decir que después de 15 años no cometimos ningún delito. Está probado que no. Esto es Comodoro Py, y no se animaron, después de 15 años, a reconocer el disparate que habían hecho”, afirmó al salir de los tribunales.

Schoklender insistió en que no existió un desvío de fondos y utilizó el monto de la condena para cuestionar la decisión judicial. “Si se hubiese cometido un delito, aun la pena de seis años pedida por el fiscal hubiese sido chica. El haber impuesto una pena de dos años y ocho meses en suspenso (...) demuestra cómo funciona este sistema”, manifestó.

Las defensas anticiparon que recurrirán el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que las condenas y el decomiso todavía no están firmes.

En paralelo, permanece pendiente otro tramo judicial relacionado con el destino del dinero, enfocado en una hipótesis de lavado de activos.

Con información de La Nación e Infobae