
El aumento salarial acordado por los trabajadores del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mete presión al interior y amenaza con agudizar la crisis del sector. Al punto que el martes fracasó una reunión entre el gremio UTA y las cámaras empresarias provinciales, nucleadas en FATAP. El martes 10 volverán a reunirse, aunque las perspectivas no son alentadoras.
Durante enero y luego de algunas semanas de tensión, UTA y los empresarios llegaron a un entendimiento para evitar una parálisis del servicio en Buenos Aires. La resolución del conflicto fue posible luego de que el Ministerio de Economía de la Nación se comprometiera a integrar la totalidad de los recursos necesarios para cubrir el desfasaje salarial, lo que destrabó la negativa de las cámaras empresarias que alegaban falta de fondos suficientes.
Para el primer mes del año, se estableció una suba del 1,4%, lo que eleva el básico conformado de enero a la suma de $1.389.180. A este valor se le suma una gratificación extraordinaria por única vez, de carácter no remunerativo, equivalente a $100.000, además de los rubros por antigüedad y viáticos correspondientes.
En febrero, el ajuste será del 1,3%, llevando el salario básico a $1.407.239,34. Durante este período, los choferes continuarán percibiendo la suma no remunerativa de $100.000 y verán una actualización en el monto diario de viáticos, que alcanzará los $16.000 por jornada trabajada.
Para marzo, se aplicará otro 1,3% de incremento sobre el básico, que se posicionará en $1.425.533,45. En este tramo, la suma fija no remunerativa ascenderá a los $120.000, mientras que el viático diario se elevará a $17.000. En abril, el sueldo básico de los choferes del AMBA escalará hasta los $1.545.278,25. Al sumar los adicionales fijos y el concepto de viáticos proyectado, la remuneración total para un conductor inicial superará la barrera de los dos millones de pesos.
En total, si se suman los ítems, en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros hablan de un incremento del orden del 18%, algo que las empresas que operan en las provincias alegan no estar en condiciones de afrontar. El argumento central es sencillo: las concesionarias del AMBA cuentan con subsidios nacionales, mientras que las del interior no por la quita dispuesta por la gestión de Javier Milei. A esto se suma la caída en el corte de boletos: a partir de fines de 2024, se mantiene en el orden del 30% menos.
En Tucumán, por caso, de otorgarse ese incremento habría otro inconveniente, que es la antigüedad promedio de los trabajadores del sector: 15 años. En esa línea, a diciembre de 2025 el sueldo bruto promedio fue de casi $ 2 millones para un chofer, y con los aumentos autorizados en AMBA pasaría a $ 2,4 millones en abril.
En la reunión realizada el martes en la Secretaría de Trabajo de la Nación no hubo acuerdo, por lo que las autoridades de FATAP y de la UTA pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo martes. Si las cámaras empresarias no garantizan esa suba, el gremio de los trabajadores podría disponer del inicio de medidas de fuerza en las provincias. Esto se daría, según los plazos -en caso de que se dicte una conciliación obligatoria- en consonancia con la fecha prevista para el comienzo de clases, a principios de marzo. }
Sólo hay tres provincias que tienen más o menos ordenado el sistema de transporte público de pasajeros. Principalmente, Mendoza y Córdoba, en donde el Estado (municipal y provincial) pagan a los empresarios por kilómetro recorrido de cada unidad. En Córdoba, por ejemplo, ese costo por kilómetro es de $ 4.422. Los salarios representan más de 50% del costo total de la fórmula. Allí, el municipio aporta unos $ 4.000 millones mensuales para subsidiar el servicio luego de la suba del boleto a $ 1.720. En Salta, en cambio, al tratarse de un servicio prestado por una empresa estatal, la Provincia interviene directamente en el funcionamiento.
En Tucumán, el Poder Ejecutivo destina unos $ 4.900 millones mensuales (más otros $ 3.000 millones vinculados a boletos para jubilados y estudiantes del interior) para el sector. De esos subsidios, unos $ 1.900 van específicamente a las 14 líneas que operan en la Capital. Además, desde diciembre la Municipalidad aporta otros $ 1.000 millones.