
El gobernador Osvaldo Jaldo avanza en la definición de una estrategia política y parlamentaria de cara al inminente tratamiento del proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional, en un escenario de negociaciones aún abiertas entre las provincias y la Casa Rosada por el impacto fiscal de la iniciativa.
Este jueves, el mandatario se reunió en la Casa de Gobierno con la diputada nacional Elia Fernández de Mansilla y la senadora Beatriz Ávila, representantes del bloque Independencia en ambas cámaras del Congreso, con quienes analizó el temario de la próxima sesión del Senado prevista para el 11 de febrero, que tendrá como eje central el proyecto de “Modernización Laboral”.
Durante el encuentro, Jaldo y las legisladoras tucumanas coincidieron en la necesidad de resguardar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, defender los intereses fiscales de la provincia, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria y caída de recursos nacionales. En ese marco, el respaldo al proyecto quedó supeditado a la incorporación de mecanismos que compensen a las jurisdicciones por la eventual pérdida de fondos coparticipables.
Cómo votarían los tucumanos
En diputados, además de Elia Fernández de Mansilla, también integran el bloque Independencia los diputados Gladys Medina y Javier Noguera. Los votos de los legisladores jaldistas podrían resultar claves para selllar la aprobación del proyecto impulsado por la administración libertaria, que ya tiene garantizado el apoyo de los cuatro legisladores que forman parte de la bancada de LLA: Soledad Molinuevo, Mariano Campero, Gerardo Huesen y Federico Pelli.
Se descarta que los dos representantes tucumanos en la Cámara Baja más identificados con el kirchnerismo: Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, votarán en contra de la propuesta del oficialismo para modernizar las normas laborales. En el Senado, en tanto, el exgobernador Juan Manzur, quien le responde a la expresidenta Cristina Kirchner, rechazará el proyecto, mientras que todavía no termina de definirse la postura que adoptará la peronista Sandra Mendoza, del bloque Convicción Federal.
Negociación abierta
En la Casa Rosada se muestran optimistas respecto de la aprobación de la iniciativa elaborada por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. No obstante, admiten que el capítulo tributario del proyecto se convirtió en el principal foco de tensión con los gobernadores, especialmente por la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades.
El eje de la polémica está centrado en el artículo 190, que propone una baja de las alícuotas del impuesto del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Según estimaciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el impacto fiscal en términos de coparticipación alcanzaría los $3,18 billones, aunque el ministro Caputo sostiene que el efecto real sería aproximadamente un 50% menor.
Ante esa incertidumbre, los mandatarios provinciales condicionaron su acompañamiento parlamentario a la inclusión, dentro del mismo texto de la ley, de un mecanismo de compensación automático y uniforme para todas las provincias que permita amortiguar la eventual caída de ingresos.
En el caso de Tucumán, informes técnicos que maneja el Gobierno provincial advierten que la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades podría implicar una pérdida anual de $79.536 millones, un impacto que —según señalan— pondría en riesgo el financiamiento de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

A cambio de garantizar el apoyo político y legislativo al proyecto del presidente Javier Milei, los gobernadores reclaman una solución concreta en materia de recursos, una discusión que continúa en plena etapa de negociación entre las provincias y el Poder Ejecutivo nacional.
En paralelo, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, firmó la resolución que convoca a una sesión especial para el miércoles 11 de febrero a partir de las 11, con un único tema en agenda: el tratamiento del proyecto de ley de Modernización Laboral, incluido en el temario de extraordinarias.
La convocatoria se produjo tras una nota suscripta por un grupo de senadores de distintos bloques —entre ellos Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Luis Juez, Carlos “Camau” Espínola y Beatriz Ávila— con los que el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa que considera prioritaria en este período.
Uno de los datos salientes es la exclusión de otros temas que se daban por descontados, como la reforma de la Ley de Glaciares y la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, que podrían eventualmente incorporarse en la reunión de Labor Parlamentaria. La decisión respondió, en parte, a la complejidad del debate laboral y a las modificaciones que se esperan en el texto definitivo.
Mientras tanto, desde el oficialismo mantienen un fuerte hermetismo sobre los cambios finales al proyecto. “Se van a conocer el día que lo estemos tratando”, sostuvo la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, quien aseguró que el Gobierno cuenta con los votos necesarios para su aprobación.