Seleme comparó a Jaldo con el “pastor mentiroso” por prorrogar la intervención del IPLA

La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de prorrogar por otros 60 días la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) provocó una nueva reacción del legislador opositor José “Pepe” Seleme, del bloque Avanza Tucumán, quien acusó al mandatario de incumplir sus compromisos públicos.

Además, señaló a Jaldo por mantener una estructura que, según denunció, funciona como una herramienta de recaudación a costa de los comerciantes tucumanos.

El parlamentario cuestionó que el Poder Ejecutivo haya dispuesto una nueva extensión de la intervención, vigente desde julio de 2000, pese al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordenó poner fin a esa situación y avanzar en la normalización institucional del organismo mediante la conformación del directorio previsto en su legislación.

La controversia se encuentra actualmente en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que debe resolver la apelación presentada por el Gobierno provincial contra la sentencia de la Cámara. Mientras tanto, el Ejecutivo decidió mantener el esquema de intervención por otros dos meses.

En ese contexto, Seleme apuntó contra lo que considera una contradicción entre las declaraciones públicas de Jaldo y sus decisiones administrativas.

“Jaldo dijo que iba a respetar el fallo de la Justicia que ordenó terminar con la intervención del IPLA. Primero apeló y ahora vuelve a prorrogar al interventor por otros 60 días. ¿En qué quedamos, gobernador? Una cosa es lo que dice frente a las cámaras y otra muy distinta es lo que hace cuando tiene que firmar un decreto. Escucharlo a Jaldo me hace acordar al cuento del pastor mentiroso”, disparó el legislador.

“Hace más de 26 años que el IPLA está intervenido”

Uno de los principales cuestionamientos de Seleme apunta a la prolongación de una medida que, por su naturaleza, debería tener carácter transitorio, pero que se mantiene desde hace más de dos décadas y media.

La intervención del IPLA comenzó en julio de 2000 y fue renovada sucesivamente por distintas administraciones provinciales, sin que hasta el momento se haya restablecido el funcionamiento del directorio contemplado en la normativa que regula el organismo.

El legislador rechazó que el Gobierno continúe argumentando la necesidad de estudiar alternativas para su normalización y vinculó esa demora con la intención de preservar los recursos que obtiene el instituto mediante su actividad de fiscalización.

“Hace más de 26 años que el IPLA está intervenido. ¡26 años! Y todavía nos vienen con el cuento de que están estudiando cómo normalizarlo. ¿Cuánto tiempo más necesitan? Lo que pasa es que no quieren soltar una caja que les sirve para recaudar y perseguir a los comerciantes que todos los días se levantan temprano, trabajan y pagan sus impuestos”, afirmó.

Seleme también puso en duda la evaluación favorable que realizó el Ejecutivo sobre el funcionamiento del organismo para justificar la continuidad de la intervención.

“Encima, el Gobierno dice que la intervención fue satisfactoria. ¿Satisfactoria para quién? ¿Para los comerciantes que tienen que soportar inspecciones, multas y clausuras? ¿O para los que manejan la recaudación del IPLA?”, cuestionó.

Más allá de la controversia judicial, Seleme planteó que la discusión de fondo no debería limitarse a la designación de nuevas autoridades, sino avanzar hacia la eliminación del IPLA.

El parlamentario viene impulsando un proyecto de ley para suprimir el organismo, al considerar que sus mecanismos de fiscalización y sanción representan una carga para los comerciantes tucumanos. “Que quede claro que no queremos que se cambie un interventor por tres directores para que todo siga igual. Eso sería cambiarle la cara al problema, pero dejar intacto el negocio. Lo que reclamamos, junto a los comerciantes, es el cierre definitivo del IPLA”, remarcó.

Finalmente, el legislador volvió a responsabilizar políticamente a Jaldo por la continuidad del organismo y sostuvo que las sucesivas prórrogas demuestran, a su entender, que el Ejecutivo no tiene intención de avanzar hacia su eliminación. “Parece Jaldo quiere seguir aspirando los bolsillos de los tucumanos que trabajan y producen. Porque mientras siga firmando prórrogas, queda cada vez más claro que no quiere terminar con el IPLA. Lo quiere seguir sosteniendo”, concluyó.