La Fiduciaria de Abad entra en vigencia: manejará recursos públicos bajo un régimen privado

El gobernador Osvaldo Jaldo promulgó la ley que autoriza la creación de Fiduciaria de Tucumán S.A.U., una sociedad anónima unipersonal de propiedad estatal que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción, conducido por Daniel Abad, y que tendrá facultades para administrar fideicomisos, bienes y recursos financieros públicos y privados. La medida quedó oficializada con la publicación de la Ley N.º 10.016 en el Boletín Oficial de la Provincia de este miércoles 28 de octubre.

La norma también habilita la constitución del Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC), una herramienta destinada a facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas mediante el otorgamiento de garantías para operaciones de financiamiento. Para su puesta en funcionamiento, el Ejecutivo quedó autorizado a transferir hasta $1.000 millones del Tesoro provincial para integrar el denominado Fondo de Riesgo.

La promulgación se produjo después de un áspero debate en la Legislatura, donde el oficialismo consiguió aprobar la iniciativa con 33 votos afirmativos, tres negativos y tres abstenciones. Aunque el proyecto recibió el acompañamiento mayoritario del cuerpo, desde la oposición advirtieron sobre la creación de una nueva estructura estatal con funciones que, según plantearon, ya podría cumplir la Caja Popular de Ahorros, además de cuestionar el régimen de administración y fiscalización de los recursos.

Los opositores José Seleme, Claudio Viña y José Macome votaron en contra, mientras que los radicales José Cano y Silvia Elías de Pérez y el peronista Hugo Ledesma se abstuvieron.

Una sociedad estatal que funcionará bajo el derecho privado

Uno de los aspectos centrales de la ley es el régimen jurídico establecido para la nueva entidad. Aunque la totalidad de sus acciones pertenecerá al Estado provincial, Fiduciaria de Tucumán S.A.U. estará organizada bajo las disposiciones de la Ley Nacional de Sociedades N.º 19.550 y funcionará principalmente bajo normas del derecho privado.

El artículo 5 establece la inaplicabilidad de las disposiciones propias de la Administración Pública Provincial y del régimen patrimonial estatal, sometiendo a la sociedad a los controles que correspondan a su naturaleza jurídica.

Este punto concentró parte de las objeciones opositoras durante el tratamiento parlamentario, debido a las diferencias entre los mecanismos de fiscalización de una sociedad anónima y los controles administrativos que rigen para las dependencias tradicionales del Estado, especialmente en lo referido a la intervención previa del Tribunal de Cuentas.

La nueva fiduciaria contará con un directorio de tres integrantes y estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción. Además, la ley faculta al Poder Ejecutivo a transferirle bienes muebles, inmuebles y recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

Sus atribuciones comprenderán la constitución, administración y liquidación de fideicomisos, así como la gestión de patrimonios y operaciones vinculadas con proyectos productivos, de inversión e infraestructura.

Un fondo de garantías para facilitar créditos

El Gobierno justificó la creación de la nueva estructura en la necesidad de ampliar las herramientas de financiamiento para el sector privado, particularmente para pequeñas y medianas empresas que encuentran dificultades para acceder al crédito bancario por la falta de garantías suficientes.

En ese marco, el FOGATUC tendrá como finalidad respaldar operaciones crediticias mediante garantías que permitan reducir los obstáculos de acceso al financiamiento.

La legislación autoriza un aporte provincial de $1.000 millones para integrar el Fondo de Riesgo y establece una reserva del 15% para garantías destinadas a micro y pequeñas empresas.

Durante el debate legislativo, el oficialismo también vinculó el proyecto con la participación del Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que, según las explicaciones brindadas en el recinto, acompañaría la iniciativa con recursos adicionales.

El legislador justicialista Carlos Gallia, miembro informante del dictamen de mayoría, defendió la creación de la nueva herramienta y rechazó que implicara una competencia con la Caja Popular de Ahorros. "La Caja capta ahorros y otorga financiamiento directo. Lo que hoy vinimos a crear aquí es una herramienta de una naturaleza totalmente distinta y profundamente complementaria", sostuvo durante la sesión.

El parlamentario también afirmó que el objetivo era respaldar a las empresas ante las entidades bancarias y no implementar un sistema de préstamos directos administrados discrecionalmente por el Gobierno.

Con la promulgación de la Ley 10.016, el Gobierno provincial quedó habilitado para avanzar en la constitución de la sociedad y la implementación del fondo de garantías.

La puesta en funcionamiento de esta nueva estructura abrirá una etapa en la que deberán definirse sus autoridades, el esquema operativo y los procedimientos concretos de administración y control de los recursos involucrados.

El artículo 22 de la norma establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la misma en un plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia de Tucumán.