Organización internacional advierte que el proyecto de ley de lobby en Argentina podría obstaculizar la participación de la sociedad civil

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió una advertencia sobre el proyecto de ley de regulación del lobby que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso nacional. Según el organismo, si bien la propuesta busca fomentar la transparencia, tal como está diseñada podría imponer “cargas irrazonables” a las organizaciones de la sociedad civil y grupos independientes de derechos humanos. HRW señaló que las exigencias administrativas y los riesgos legales previstos son tan severos que, en la práctica, “impedirían que muchos grupos de la sociedad civil participen en el proceso de formulación de políticas públicas”.

El proyecto, denominado “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, establece la prohibición de cualquier comunicación orientada a influir en políticas gubernamentales sin un registro previo como lobbista. Al respecto, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW (foto inferior), afirmó: “Es valioso que el Gobierno quiera regular y garantizar la transparencia en torno a las actividades de lobby, pero debe asegurar los derechos de la población y de las organizaciones de la sociedad civil a incidir en políticas públicas”. La representante instó a que el Congreso corrija las “disposiciones excesivamente amplias” para evitar restricciones indebidas en el trabajo de estas entidades.

Uno de los puntos más cuestionados es la creación de un registro público bajo la órbita del Poder Ejecutivo, el cual no garantizaría una inscripción automática. Las autoridades podrían rechazar solicitudes si consideran que la actividad no es “compatible” con el objeto social de la organización. Además, HRW advirtió que el Ejecutivo tendría la facultad de suspender o cancelar inscripciones por incumplimientos, como no informar reuniones con rapidez, lo que permitiría “impedir arbitrariamente que grupos de la sociedad civil participen en actividades de incidencia”.

Desigualdad de recursos y sanciones penales

La organización también alertó sobre la brecha que la ley podría generar entre grupos empresariales y ONGs. Según el organismo, “es muy probable que a las organizaciones de la sociedad civil les resulte más difícil que a los grupos empresariales hacer frente a estas cargas administrativas”, lo que conlleva el riesgo de que los grupos con mayores recursos económicos aumenten su acceso al poder en detrimento de las organizaciones de derechos humanos.

Asimismo, el proyecto introduce modificaciones al Código Penal que han generado preocupación:

• Penas de hasta dos años de prisión para quienes realicen actividades de gestión de intereses sin autorización previa.

• Penas de hasta tres años de prisión por la “representación clandestina de intereses extranjeros”, aplicable a quienes no declaren financiamiento externo al intentar influir en decisiones de defensa nacional, seguridad interior o relaciones exteriores.

HRW recordó que Argentina tiene obligaciones vigentes bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, subrayó que cualquier restricción a la libertad de expresión y asociación debe ser necesaria y proporcional. No obstante, el organismo considera que el proyecto actual otorga al Ejecutivo “facultades excesivas para sancionar a las organizaciones de la sociedad civil que buscan mejorar la respuesta gubernamental ante hechos de corrupción y violaciones de derechos”.

En el ámbito legislativo, la iniciativa enfrentó un fuerte rechazo técnico. Durante la última reunión de comisiones, ninguno de los 26 expositores respaldó el texto original, lo que llevó al bloque de La Libertad Avanza (LLA) a postergar el dictamen para negociar propuestas alternativas con sectores de la oposición dialoguista. Goebertus concluyó señalando que “si al Congreso le importa la transparencia en las decisiones públicas, debería regular debidamente el lobby sin obstaculizar el trabajo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil”.