"Ni Jaldo ni Monteros quieren perder esa sujeción que tienen sobre los municipios para distribuir de manera arbitraria los fondos"

El conflicto por la distribución de los fondos públicos en Tucumán entró en una etapa decisiva tras el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El legislador Manuel Courel describió un escenario de profunda "sujeción política" y parálisis institucional, donde el Gobierno provincial utiliza una ley de coparticipación de 1991, calificada como obsoleta, para mantener el control sobre los intendentes. Ante el fallo del máximo tribunal nacional que exige agotar las instancias locales antes de intervenir en el fondo del asunto, Courel señaló que la estrategia ahora se traslada a los tribunales provinciales para revertir lo que considera un reparto "ínfimo" que no contempla el crecimiento demográfico. El parlamentario advirtió que no se trata de una disputa partidaria, sino de una "causa legítima de los ciudadanos" para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los servicios básicos de cada comunidad.

La Corte Suprema de la Nación, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resolvió recientemente rechazar la competencia originaria en la demanda que Yerba Buena presentó contra el Gobierno de Tucumán. Al respecto, Courel, en declaraciones a Tendencia de Noticias, fue enfático en aclarar el alcance de la sentencia: “Lo que dice la Corte es que primero debe resolver la Corte de la provincia antes que llegue la Corte de la Nación. No es que la Corte dijo que no corresponde el reclamo de Yerba Buena, no se pronunció sobre el fondo del asunto y eso es algo que tiene que quedar muy claro”.

Para el máximo tribunal federal, resolver este planteo requiere interpretar el derecho público local, por lo que el respeto al sistema federal exige que los jueces tucumanos intervengan en primera instancia. Courel explicó que esta derivación forma parte de una estrategia judicial iniciada por varios ex-intendentes de la oposición (Mariano Campero, Sebastián Salazar y Roberto Sánchez) y que ahora la mirada está puesta en el fuero local: “Desde febrero de este año, la Corte de la provincia de Tucumán tiene para resolver el planteo hecho por Concepción. Nosotros estamos esperando que la Corte de la provincia se expida porque Concepción tiene una situación similar”.

Una ley de 1991 frente a la realidad de 2026

El corazón del reclamo reside en la Ley N° 6316, una norma que data de hace 35 años y que, según Courel, es “completamente arbitraria e injusta”. Yerba Buena, por ejemplo, pasó de tener unos 35.000 habitantes en los años noventa a superar los 70.000 (o casi 100.000 según estimaciones actuales), pero sigue percibiendo el mismo coeficiente del 3,05%. “Desde el año 1991 que no se reforma la ley de coparticipación de acuerdo a la cantidad de habitantes. Yerba Buena sigue recibiendo un 3% sobre el 19% que reparte la provincia entre todos los municipios. Es poquísimo. Con lo que la provincia reparte, Yerba Buena no puede ni siquiera pagar los servicios básicos”, denunció el legislador.

Ante esta parálisis legislativa, Courel, junto a legisladores como José Seleme, José Cano y Silvia Elías de Pérez, impulsó semanas atrás un proyecto de reforma integral que busca establecer reglas claras, previsibles y controlables. Esta iniciativa propone un cambio radical: incluir en la masa coparticipable al Impuesto sobre los Ingresos Brutos —que representa el 85% de la recaudación provincial y hoy está excluido— y fijar un reparto automático del 20% para los municipios, distribuido mayoritariamente por población.

Courel fue particularmente crítico con el mecanismo del Pacto Fiscal, al que describió como un instrumento de "control político asfixiante". Según su visión, el sistema actual obliga a los municipios a ceder sus recursos a cambio de que la Provincia pague sueldos y obras, lo que anula la autonomía financiera. “Tucumán tiene uno de los sistemas más rígidos y mezquinos, y además totalmente arbitrario, porque después obliga a que todos los municipios entren al pacto fiscal y la provincia reparte de acuerdo en forma arbitraria”, sentenció el parlamentario.

Asimismo, apuntó directamente contra la falta de voluntad política en la Legislatura para discutir el tema: “Tengo un proyecto de ley para que los municipios reciban lo que les corresponde y no logro que se trate ni en comisión. Ni Osvaldo Jaldo ni Darío Monteros quieren perder esa sujeción que tienen sobre los municipios para distribuir de manera arbitraria los fondos”. Según Courel, incluso intendentes del oficialismo esperan un fallo favorable, pero se encuentran “sujetados o amordazados con el pacto fiscal y arbitrio d Monteros y Jaldo”.

Para el legislador, la resolución de este conflicto es una cuestión de calidad institucional y respeto por la Constitución provincial reformada en 2006. El reclamo, que incluye la gestión de residuos, seguridad y salud en Yerba Buena, es presentado como un derecho y no como un beneficio concedido por el Ejecutivo. “Aquí no hay que agradecer, como dicen muchos intendentes, 'gracias al gobernador Jaldo que nos dio'. Esto es lo que le corresponde por ley. No hay ningún favor que se le pida al gobernador”, concluyó Courel, reafirmando que si la justicia local no brinda una respuesta, volverán a la Corte Nacional porque “esta batalla no está terminada”.