
En una nueva ofensiva política contra la gestión que encabeza la intendenta Rossana Chahla por el deterioro de la infraestructura urbana, los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de ordenanza que busca obligar al Municipio capitalino a indemnizar a vecinos que sufran daños por el mal estado de las calles.
En concreto, la iniciativa prevé la creación de un “Régimen Municipal de Prevención, Atención y Reparación Administrativa de Daños” causados por el mal estado de las calles y otros espacios públicos de San Miguel de Tucumán.
La propuesta, que se inscribe en el proceso de reclamos que ambos ediles vienen impulsando a través del sitio chaubache.com, busca establecer un procedimiento gratuito, ágil y accesible para que los vecinos puedan denunciar situaciones de riesgo y reclamar compensaciones cuando sufran daños vinculados al deterioro de calles, veredas, desagües, tapas de servicios, señalización y demás bienes bajo responsabilidad municipal.
Durante la presentación del proyecto, Canelada cuestionó la falta de respuestas del Estado local ante accidentes provocados por el mal estado de la vía pública y apuntó contra la burocracia que enfrentan quienes intentan obtener una reparación.
“En San Miguel de Tucumán se ha naturalizado algo que está absolutamente mal: una persona rompe su auto en un bache, se cae por una tapa faltante o sufre un accidente por el mal estado de una calle y no pasa nada, nadie se hace cargo”, sostuvo el edil opositor. Y agregó: “Queremos que nunca más un vecino se sienta abandonado frente al Estado”.
Por su parte, Cobos afirmó que la iniciativa surgió tras detectar decenas de reclamos administrativos rechazados por la Municipalidad con el argumento de que Tucumán no cuenta con una ley provincial específica sobre responsabilidad del Estado. “Detectamos alrededor de 80 reclamos que terminaron siendo rechazados con ese pretexto. Lo que planteamos es un régimen claro que le diga al vecino cómo reclamar y que obligue al Municipio a responder. Si existe un daño, si existe una deficiencia en la infraestructura y ambas cosas están relacionadas, el Estado tiene que hacerse cargo”, remarcó.

Como respaldo al planteo, en la conferencia participó también Matías Cuenca, un trabajador de reparto que sufrió una fractura de tibia al caer en un bache ubicado en la intersección de avenida Avellaneda y Santiago. Según relató, debió ser operado y permanece desde hace dos meses sin poder trabajar.
El proyecto contempla dos ejes centrales. Por un lado, establece un sistema preventivo para que cualquier vecino pueda denunciar situaciones peligrosas y exigir inspecciones e intervenciones en plazos breves. Por otro, crea un mecanismo administrativo para que la Municipalidad evalúe y responda ante daños ocasionados por la falta de mantenimiento o deficiencias en la infraestructura pública.
El texto establece que el régimen tendrá como finalidad “promover soluciones reparatorias en sede administrativa, evitando la judicialización innecesaria de los conflictos”, además de disponer inspecciones técnicas, medidas urgentes de señalización y reparación, y la evaluación de la eventual responsabilidad del Municipio por falta de servicio.
“La responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal frente a deficiencias en la infraestructura pública no nace de la presente ordenanza, sino del propio carácter de los bienes involucrados y de las funciones que el ordenamiento jurídico asigna al Municipio”, señalan los fundamentos de la iniciativa, a la que Tendencia de Notiicas tuvo acceso.
Entre otros aspectos, la iniciativa prevé canales unificados de denuncia, inspecciones técnicas obligatorias, plazos de respuesta, elaboración de informes técnicos y mecanismos de reparación administrativa, en una propuesta con la que la oposición radical busca instalar en la agenda pública la responsabilidad del Municipio frente al deterioro urbano y sus consecuencias para los vecinos.