La oposición en la UNT refuerza el cerco a una eventual candidatura a la reelección de Pagani

La disputa por las elecciones de renovación de autoridades mantiene en vilo a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). En las últimas horas, hubo un nuevo movimiento de los sectores que buscan impedir una eventual candidatura del rector Sergio Pagani a un tercer mandato consecutivo. Mientras avanza la causa en la Justicia Federal, los actores presentaron además un planteo formal ante la Junta Electoral universitaria para exigir el control de legalidad de las postulaciones en el proceso en curso.

El eje de la controversia sigue siendo el mismo: la interpretación del estatuto reformado en 2024 y la posibilidad -cuestionada- de que el actual rector vuelva a competir. En ese marco, el último escrito judicial, firmado por el apoderado Manuel Gonzalo Casas en representación de Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, respondió a la excepción de falta de legitimación activa planteada por la UNT y reclamó una resolución urgente, incluso con habilitación de días y horas inhábiles.

Según los demandantes, la estrategia de la universidad constituye “una maniobra dilatoria” orientada a permitir que avance el cronograma electoral hasta un punto de difícil reversión, como la eventual oficialización de la candidatura de Pagani. Por eso insistieron en que el conflicto no es hipotético, sino “concreto, actual y perfectamente delimitado”, en tanto impacta directamente sobre la competencia electoral.

En paralelo, la presentación de los opositores realizada ante la Junta Electoral -fechada este 8 de abril- refuerza esa línea argumental y traslada la presión al órgano encargado de oficializar las listas. Cabrera y Abdala, en su carácter de decanos, consejeros superiores y candidatos a rector y vicerrectora, solicitaron el “estricto cumplimiento del Estatuto Universitario vigente”, particularmente en lo referido a la prohibición de más de dos mandatos consecutivos.

En ese documento, los firmantes subrayan que la Junta Electoral no necesita esperar impugnaciones de terceros, sino que tiene el “deber jurídico de controlar de oficio la legalidad de las candidaturas”. Admitir postulaciones que contradigan el estatuto, advierten, implicaría una “omisión ilegítima” y podría generar responsabilidades posteriores.

El planteo también repasa los antecedentes de la reforma estatutaria y pone el foco en la decisión de la Asamblea Universitaria de abril de 2024, cuando por 79 votos contra 34 se rechazó la posibilidad de habilitar un nuevo ciclo de mandatos. Esa voluntad, sostienen, quedó plasmada en distintos artículos -entre ellos el 17 y el 190- que establecen con claridad el límite de dos períodos consecutivos para el rectorado.

“La norma no deja margen para interpretaciones extensivas”, remarcan, al invocar el principio “in claris non fit interpretatio”, según el cual, ante la claridad de una disposición, no corresponde reinterpretarla sino aplicarla. En esa línea, incluso encuadran el caso como un “caso fácil”, en el que la tarea institucional se limita a hacer cumplir lo ya resuelto por el máximo órgano de la universidad.

El documento no se limita al rectorado: también advierte que las mismas restricciones rigen para decanos y consejeros, y que la Junta Electoral debería rechazar cualquier candidatura que exceda los dos mandatos consecutivos.

En el plano judicial, los actores defendieron su legitimación activa frente a los cuestionamientos de la UNT. Señalaron que no actúan en defensa de un interés general, sino de un derecho propio, como candidatos que podrían ver afectadas las condiciones de competencia si se habilitara una nueva postulación de Pagani. Según argumentan, esa eventual candidatura alteraría la igualdad entre competidores y “distorsionaría el escenario democrático” dentro de la universidad.

Además, insistieron en que no existe una vía institucional eficaz dentro de la UNT para resolver el conflicto en tiempo oportuno. Cuestionaron, en particular, el rol del Consejo Superior, cuya convocatoria depende del propio rector, a quien consideran “parte directamente interesada” en la discusión.

En el tramo final de ambas presentaciones -judicial y administrativa- los demandantes advierten sobre el avance del calendario electoral. Con el cierre de listas y la elección previstos para mayo, sostienen que “cada día que pasa” aumenta el riesgo de un perjuicio irreparable.

Por eso, además de pedir celeridad en la Justicia, dejaron planteada la posibilidad de nuevas acciones, incluyendo medidas cautelares e incluso la suspensión del proceso electoral, en caso de que se oficialicen candidaturas que consideren contrarias al estatuto.