Capacitación por asistencia: Nación redefine la política social y abre un foco de incertidumbre económica en la provincia

La gestión de Sandra Pettovello (foto inferior) al frente del Ministerio de Capital Humano marcó un punto de quiebre en la política asistencial argentina con la eliminación definitiva de "Volver al Trabajo". Esta reconfiguración busca desmantelar el modelo de intermediación social vigente durante las últimas décadas para priorizar la inversión en la primera infancia y la capacitación laboral técnica. Sin embargo, el impacto territorial de esta decisión ya genera señales de alerta en provincias como Tucumán, donde la desaparición de estas transferencias directas profundizará la crisis de ingresos en los sectores más vulnerables.

Ante la finalización del esquema de transferencias masivas, el Gobierno Nacional diseñó una estrategia basada en cuatro pilares fundamentales:

1. Capacitación mediante Vouchers: Los beneficiarios que deseen reinsertarse laboralmente recibirán cupones para formación técnica en instituciones validadas, como el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), vinculando la oferta educativa con la demanda real de las economías regionales.

2. Focalización en la Infancia: El presupuesto se redirigirá a fortalecer la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Plan Alimentar y el Plan Mil Días, considerando que el 70% de la pobreza afecta a menores de edad.

3. Expansión Educativa: Se proyecta la implementación de jornada completa en 7.000 "escuelas vulnerables" para reforzar áreas de lengua y matemática, garantizando además la alimentación dentro de los establecimientos.

4. Abordaje de Consumos Problemáticos: Se crearán centros de contención familiar y campañas nacionales para tratar la drogadicción como una barrera para la empleabilidad.

En nuestra provincia, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, confirmó que de los 77.000 planes que se administran en el territorio, aproximadamente 53.000 corresponden a "Volver al Trabajo". Estos beneficiarios percibirían su último pago el próximo 5 de mayo, mientras que solo 22.600 personas bajo el programa "Acompañamiento Social" mantendrían la prestación.

Alcance del recorte y baja contraprestación

A nivel nacional, la medida afecta a un universo cercano a los 900.000 beneficiarios que percibían una prestación mensual de $78.000. El diagnóstico oficial para justificar el cierre del programa se basó en el bajo rendimiento en términos de empleo genuino: según relevamientos del Ministerio, solo el 1% de los inscriptos lograba conseguir un trabajo formal a través del sistema anterior.

Las autoridades señalaron que, en la práctica, la contraprestación era mínima o nula. "El resto lo que hacía era cortarle el pasto a los intendentes... los usaban para ellos y para hacer cortes de calles y marchas", indicaron fuentes oficiales de acuerdo al portal Infobae, calificando al sistema como una herramienta de financiamiento para organizaciones piqueteras y control territorial. Además, al abrirse el nuevo registro de capacitación, solo 138.000 personas (menos del 16% del total) manifestaron interés en formarse, lo que el Gobierno interpreta como una señal de que la mayoría ya posee otros ingresos informales o no busca la reinserción mediante el Estado.

La Nación fundamentó la baja del programa en tres ejes críticos:

• Falta de trazabilidad: El sistema carecía de mecanismos de auditoría robustos y dependía de estructuras informales de asignación.

• Intermediación política: Se consideró que el plan funcionaba como un mecanismo de "clientelismo" que alimentaba a las organizaciones sociales en lugar de a los beneficiarios.

• Distorsión económica: El monto de $78.000, congelado desde finales de 2023, había perdido su poder adquisitivo, convirtiéndose en un subsidio a la informalidad y las "changas" sin capacidad de promover el empleo en blanco.

Impacto financiero provincial

Según Masso, la medida implicará que entre 4.250 y 4.300 millones de pesos dejen de circular mensualmente en la economía tucumana. El funcionario advirtió que la provincia no tiene margen presupuestario para compensar esta pérdida, dado el incremento en los costos de salud y seguridad, sumado a la baja en la coparticipación federal. El funcionario también se refirió a las alternativas planteadas por Nación tras la eliminación de programas. “No hay ninguna cuestión segura que diga que los vouchers o la capacitación vayan a tener un ingreso económico garantizado”, advirtió.

El nuevo modelo ya cuenta con una prueba piloto en el barrio porteño de La Paternal (ex Centro Garrigós) y se espera que se extienda a otras ciudades como Mar del Plata. Mientras el Gobierno Nacional apuesta a la autonomía individual a través de la formación, en las provincias predomina la incertidumbre sobre si este sistema de vouchers logrará garantizar un ingreso mínimo frente a la desaparición de los pagos mensuales directos.