
La Legislatura de Tucumán, señalada como la más costosa del país en términos de gasto por legislador, cerró el ejercicio 2025 con una millonaria ampliación presupuestaria que elevó aún más los recursos destinados al Poder Legislativo.
La medida fue autorizada mediante el Decreto N° 3097/3 (SH), firmado el 16 de octubre pasado por el vicegobernador Miguel Acevedo en ejercicio del Poder Ejecutivo, aunque su publicación oficial recién se concretó este viernes 30 de enero en el Boletín Oficial.
Según el decreto, la Cámara solicitó una ampliación de crédito presupuestario “a los efectos de atender las distintas obligaciones hasta la finalización del presente Ejercicio”, lo que derivó en una adecuación de partidas por un total de $2.500 millones, financiados íntegramente con recursos del Tesoro General de la Provincia.
Los fondos fueron reasignados desde la Jurisdicción 50, correspondiente a obligaciones a cargo del Tesoro, específicamente del programa de Erogaciones Varias, y distribuidos en tres partidas principales: $700 millones y $1.200 millones bajo el concepto de “Otros no especificados precedentemente”, y otros $600 millones destinados a “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”. Esos mismos montos fueron incorporados al presupuesto del Poder Legislativo, dentro del programa correspondiente a la Cámara.
La ampliación se conoció en un contexto de fuertes críticas al nivel de gasto del Parlamento provincial. De acuerdo con el último informe de la Fundación Libertad, la Legislatura tucumana encabezó en 2025 el ranking nacional de gasto por legislador, con una erogación que superó los $2.735 millones anuales por cada uno de sus 49 miembros. Además, Tucumán destina más del 3,9% de su presupuesto total al Poder Legislativo, una proporción que duplica el promedio nacional.
El decreto cuenta con los dictámenes técnicos de la Dirección General de Presupuesto, la Contaduría General de la Provincia y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Hacienda, además del Dictamen Fiscal N° 2140 del 13 de octubre de 2025. Fue refrendado por el ministro de Economía y Producción y firmado por el secretario de Estado de Hacienda.
La publicación tardía de la norma reavivó el debate sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos y el nivel de gasto del Poder Legislativo provincial, en contraste con la política de restricción del gasto público impuesta por el Gobierno nacional.