Tras la denuncia de ex jugadores de Vélez, el diputado Cisneros acusó a Menem de "panfletearlo"

El juez federal Guillermo Díaz Martínez, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, notificó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que el diputado tucumano Carlos Cisneros se encuentra investigado a partir de una denuncia por la presunta comisión del delito de trata de personas. A modo de réplica, el opositor cargó contra el libertario y lo acusó de "panfletear" a un legislador nacional.

En un escrito enviado el 25 de febrero al Congreso, el magistrado puso en conocimiento de Menem sobre la tramitación del expediente 23/2026, que se originó a partir de la denuncia del futbolista José Florentín, quien acusó al referente bancario de conformar una estructura destinada a falsificar pruebas y "armar una causa" en su contra, en referencia al expediente por abuso sexual grupal que involucra a exjugadores de Vélez. "Se hace constar que la Fiscalía Federal interviniente entiende que se configura, con el grado de probabilidad exigido en el estadio procesal, una hipótesis razonable del delito de trata de personas, en los términos de los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. Por todo lo cual, se libra la presente comunicación", detalló el magistrado catamarqueño en el oficio.

El diputado Cisneros, en un descargo a Tendencia de Noticias, cargó contra Menem por difundir una información inexacta, vinculado a un pedido de desafuero que no existe. "Hay mala fe del presidente de la Cámara y de algunos portales que reciben plata del Gobierno de la provincia. Cuando tenga que ir a declarar me presentaré.

Es una vergüenza que el presidente panfletee de esa manera, yo no me voy a ningún lado y cuando me citen me presentaré para que se terminen todas estas mentiras", afirmó el bancario.

El pedido del fiscal federal

En su requerimiento, la fiscalía plantea que el eventual delito no estaría vinculado al encuentro sexual en sí mismo, sino a hechos posteriores, cuando -según la hipótesis investigativa- la denunciante habría sido objeto de presiones y condicionamientos por parte de personas con capacidad de influencia sobre su situación laboral. “El proceso de captación no se habría producido con anterioridad al encuentro sexual, sino con posterioridad a este”, sostiene el documento, al describir una situación en la que la víctima habría quedado en un estado de “especial fragilidad emocional, laboral y personal”.

De acuerdo con esa línea investigativa, a partir de ese momento se habría desplegado un esquema de intimidación, coerción y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, circunstancias que configuran los elementos típicos del delito de trata.

Como parte del avance de la causa, el fiscal solicitó diversas medidas probatorias. Entre ellas, pidió informes a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán para determinar si determinadas personas mencionadas en el expediente prestaron servicios en ese organismo y cuáles eran sus funciones. También requirió incorporar declaraciones previas de la denunciante ante el Ministerio Público Fiscal y la Justicia provincial, con el objetivo de evitar su revictimización.

Como corolario, el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió la indagatoria de Cisneros y de la abogada Patricia Neme.