A PARTIR DE JUNIO
La Corte Suprema adecuó los sueldos judiciales al aumento que negoció la Provincia
El máximo tribunal firmó una acordada que fija nuevos básicos para magistrados, funcionarios y empleados. Aunque el texto no menciona porcentajes, extraoficialmente se consignó que el incremento va en línea con el 4,98% acordado por el Ejecutivo con los gremios estatales.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán firmó el 23 de junio pasado la Acordada N° 11364/26, por la que establece nuevos sueldos básicos para todo el personal de la Jurisdicción Justicia -magistrados, funcionarios, funcionarios de ley y empleados- con vigencia a partir del 1° de junio de 2026.
El acto institucional se encuadra en el artículo 22 de la Ley N° 9.942, que habilita a cada poder del Estado a distribuir analíticamente los créditos presupuestarios aprobados para gastos en personal. En ese marco, la Corte sostuvo que "las pautas salariales deben aplicarse conforme a las características propias del esquema judicial" y que el tribunal gestionó oportunamente los créditos presupuestarios necesarios para solventar la medida.
El texto de la acordada no consigna el porcentaje de incremento -circunstancia que responde a la mecánica habitual del instrumento, que remite los valores precisos a las planillas analíticas que corren por separado-. Sin embargo, fuentes de la propia Corte confirmaron a Tendencia de Noticias que el aumento aplicado al personal judicial va en línea con el que negoció el Poder Ejecutivo con los gremios estatales: el 4,98% que el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, ratificó la semana pasada como resultado de combinar la variación de precios con la evolución de la recaudación provincial.
Esa cifra es sensiblemente inferior a la inflación acumulada de marzo, abril y mayo, que según el Frente de Gremios Estatales y Municipales ascendió al 8,1%. La brecha de 3,12 puntos porcentuales es el núcleo del conflicto que el sector sindical del Estado lleva a la mesa de negociación.
El Poder Judicial no participa de las paritarias del sector público provincial ni tiene gremio reconocido para ese fin; la adecuación de sus haberes queda en manos exclusivas de la Corte, que en este caso optó por alinearse con la pauta del Ejecutivo. La acordada será sometida al control preventivo de la Delegación Fiscal del Tribunal de Cuentas, según lo dispone el artículo 124, inciso 1°, de la Ley N° 6.970.
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