La causa por el calendario electoral entra en etapa de definición y esperan el dictamen fiscal

La disputa judicial que podría influir en el calendario electoral tucumano de 2027 ingresó en una etapa decisiva. Luego de que la Provincia contestara la demanda impulsada por el partido Juntos Podemos, la fuerza política ligada al oficialismo solicitó que la causa quede en condiciones de sentencia. Así, la Cámara Contencioso Administrativa Sala I dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal antes de avanzar hacia una resolución definitiva.

La nueva actuación judicial fue dictada tras el pedido formulado por la apoderada de Juntos Podemos, María Soledad Molina Gaudioso, quien sostuvo que no existe prueba pendiente de producción y que el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto. En ese escrito, la representación de la parte actora solicitó el pase de los autos a despacho para sentencia, previa intervención del fiscal correspondiente.

En respuesta, la Sala I resolvió notificar a la Fiscalía de Cámara Civil para que emita dictamen respecto del planteo de inconstitucionalidad promovido en la demanda. Recién una vez cumplido ese paso procesal, el tribunal analizará si corresponde dictar sentencia.

La causa fue iniciada por el acople Juntos Podemos con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 43 inciso 6° y 100 de la Constitución provincial, las cláusulas que fijaban plazos para la realización de las elecciones. El planteo sostiene que esas disposiciones fueron incorporadas por la Convención Constituyente de 2006 excediendo las facultades otorgadas por la ley que habilitó la reforma constitucional.

Días atrás, la Provincia respondió la demanda y sostuvo que la acción carece de objeto porque esas mismas normas ya fueron declaradas inconstitucionales y nulas de nulidad absoluta en fallos firmes dictados en 2018 y 2022. En consecuencia, argumentó que actualmente no existe ninguna disposición constitucional vigente que establezca plazos para la convocatoria electoral y que la facultad de fijar la fecha de los comicios corresponde al Poder Ejecutivo provincial.

Ahora, la atención se concentra en el dictamen que deberá emitir la Fiscalía de Cámara Civil. Aunque no es vinculante para los jueces, su opinión constituye uno de los últimos pasos procesales antes de que la Sala I quede en condiciones de pronunciarse sobre una controversia que vuelve a poner en discusión el marco jurídico bajo el cual se organizarán las elecciones provinciales de 2027.

Con el expediente ya encaminado hacia su resolución, la expectativa política se centra en determinar si el tribunal ratificará el criterio aplicado en los procesos electorales de 2019 y 2023 o si introducirá alguna definición adicional sobre las facultades del Poder Ejecutivo para fijar el cronograma electoral de la provincia. En la Casa de Gobierno, en tanto, consideran fijar la fecha de la votación para el tercer domingo de mayo.