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El economista y ex-diputado nacional José Luis Espert, apeló su procesamiento en la causa por presunto lavado de activos y el de su empresa, Varianza S.A., y pidió a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión judicial, dicte su sobreseimiento y deje sin efecto las restricciones patrimoniales y personales impuestas en su contra.
Los recursos fueron presentados, luego de la decisión del juez Federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien además le trabó un embargo por $ 3.000 millones, el pasado 22 de octubre. La investigación gira en torno a una transferencia de U$S 200.000 que recibió en enero de 2020, presentada como anticipo de un contrato de consultoría vinculado con el empresario Federico Machado.
La causa
Para el magistrado, el dinero provenía de una actividad delictiva y el contrato habría sido simulado para justificar su recepción. Por otra parte Mirabelli consideró que la operación y la posterior utilización de los fondos configuraron una maniobra de lavado de activos. La decisión del juez también alcanzó a Varianza S.A., la sociedad de consultoría que el economista constituyó con su esposa en 2019.
Espert rechazó esa interpretación y calificó el procesamiento como “contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”. En una gacetilla difundida luego de la presentación de los recursos, sostuvo que la investigación no logró acreditar el origen ilícito del dinero y cuestionó que se le atribuya conocimiento de una eventual actividad criminal de Machado.
La defensa de Espert
Otro argumentos de la defensa del ex-legislador, apunta a que el juez Lino Mirabelli todavía aguarda información de Estados Unidos, para determinar la procedencia de los fondos. “Se me procesa por lavar fondos de un delito, cuya prueba el juzgado todavía espera”, afirmó el economista, al cuestionar lo que considera una contradicción central de la resolución.
Espert enfatizó que no hubo maniobras de ocultamiento y que el dinero ingresó mediante una transferencia bancaria internacional a una cuenta a su nombre y se utilizó para adquirir dos automóviles. Además, aseguró que las operaciones se realizaron de manera documentada y que la sociedad involucrada tenía sus registros y obligaciones fiscales declarados.

“Acá no hubo nada escondido”, afirmó. También cuestionó que el contrato de consultoría haya sido considerado una pantalla para encubrir fondos ilícitos. Según su planteo, el documento nunca fue presentado ante bancos, registros u organismos públicos durante los cinco años posteriores a su celebración, por lo que no habría servido para justificar la procedencia del dinero.
Otro punto que José Luis Espert cuestionó es que el magistrado utilizara conversaciones de abril de 2021, quince meses después de la transferencia, para sostener que debía conocer el presunto origen ilícito de los fondos cuando los recibió.
En relación con Varianza S.A., Espert afirmó que la empresa nunca facturó a Machado ni a sociedades vinculadas con él y que tampoco recibió dinero de aquella operación. Según su versión, la intervención atribuida a la firma se limita al registro de salarios y su declaración ante el fisco. Pese a ello, la sociedad fue procesada y recibió un embargo de $ 500 millones.
El economista cuestionó la proporcionalidad del embargo de 1.000 millones de pesos sobre Espert y la prohibición de salir del país al señalar que el propio magistrado habría reconocido que no existían riesgos procesales, que se había presentado ante las citaciones judiciales y que la prueba ya estaba reunida.
Ahora, la Cámara Federal de San Martín deberá revisar los argumentos de las apelaciones y resolver si confirma o modifica el procesamiento y las medidas cautelares.