Exoneración en el INTA: audiencia en Diputados y un proyecto de repudio en Tucumán

La exoneración, la sanción más grave que prevé el empleo público nacional, impide volver a trabajar en el Estado. A fines de octubre recayó sobre una ingeniera agrónoma con más de veinte años en el INTA, que coordinó en la Argentina un estudio internacional sobre la presencia de agroquímicos en el ambiente y en las personas. Dos semanas después, el caso de Virginia Aparicio tuvo eco en el Congreso de la Nación, con una audiencia pública convocada por diputados, y en la Legislatura de Tucumán, donde ingresó un proyecto de declaración que repudia la medida.

La audiencia se realizó este viernes en la Cámara de Diputados de la Nación, bajo la consigna “No a la exoneración de Virginia Aparicio” y con el lema “En defensa del derecho a investigar”. La convocatoria, impulsada por diputadas y diputados nacionales, estuvo dirigida a trabajadores del sistema científico, organizaciones ambientales, productores y otros actores sociales, con inscripción previa para la participación presencial.

En el texto de la convocatoria, los organizadores sostuvieron que la investigadora del INTA y del Conicet es víctima de una persecución política. “Pretenden sancionar y censurar a una investigadora por el simple hecho de investigar. Con ello, quieren silenciar los resultados del Proyecto SPRINT que Virginia encabezó”, señalaron. Los convocantes reclamaron su reincorporación inmediata.

SPRINT fue una iniciativa internacional coordinada desde Europa para estudiar la presencia de residuos de plaguicidas en ambientes rurales, alimentos, animales y personas. Según la convocatoria, el trabajo mostró niveles elevados de agroquímicos en el agua, la tierra, el aire y los cuerpos de las personas, además de mezclas de pesticidas en las matrices ambientales estudiadas. Antes de la sanción, el INTA había suspendido la presentación pública de los resultados y el Consejo Directivo había dispuesto finalizar la participación argentina en el proyecto.

La exoneración fue resuelta el lunes 26 de octubre por el Consejo Directivo del organismo, presidido por Nicolás Bronzovich, mediante la Resolución 366. El artículo 11 aplica la sanción a Aparicio por la violación de las prohibiciones del artículo 24, incisos e) e i), de la ley marco de empleo público. Entre los argumentos, el INTA cuestionó la participación en el proyecto de José Luis Costa, investigador retirado y conviviente de Aparicio. La defensa rechazó la existencia de un perjuicio material para la administración y recordó que el financiamiento del proyecto fue europeo. Aparicio, que trabaja en la Estación Experimental Balcarce, anticipó que apelará la resolución. Semanas antes, cuando el procedimiento estaba en curso, había dicho a Tiempo Argentino: “Con la exoneración no me quitan una vía laboral, me quitan mi identidad”.

En Tucumán, ingresó a la Legislatura el proyecto de declaración del legislador Hugo Ledesma, mediante el que expresa la “profunda preocupación y más enérgico repudio” de la Cámara ante la decisión del Consejo Directivo del INTA de aplicar la exoneración a la investigadora.

El proyecto también declara el rechazo a la utilización de mecanismos y potestades sumariales disciplinarias como instrumentos de amedrentamiento, represalia, censura previa o silenciamiento contra investigadores públicos cuyas líneas de trabajo aborden temas sensibles de salud pública o cuestionen modelos productivos. En su último punto, ratifica el valor de la libertad de investigación, la autonomía científica y el sostenimiento del INTA, el Conicet, las estaciones experimentales y las universidades nacionales.

En los fundamentos, Ledesma describió a Aparicio como doctora en Ciencias Agrarias especializada en la dinámica de fitosanitarios en matrices agroambientales y calificó a la exoneración como la sanción “más lesiva del ordenamiento laboral público”. El legislador mencionó el perfil científico de la provincia y a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. “Callar ante la desvinculación persecutoria de una investigadora sienta un peligroso antecedente de autocensura para toda la comunidad académica del país”, escribió.

El expediente deberá ser tratado por la Cámara. A nivel nacional, entidades como Bases Federadas, que agrupa a pequeños y medianos productores, ya habían repudiado la resolución y exigido la reincorporación de la investigadora.