Malvinas: el Gobierno advirtió que podría iniciar acciones penales contra directivos de petroleras británicas

Noticias Argentinas difundió que el canciller Pablo Quirno advirtió este jueves que Argentina podría iniciar acciones penales contra los directivos de las empresas petroleras que buscan explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas y aseguró que el Gobierno de Javier Milei recurrirá a todos los mecanismos legales y diplomáticos disponibles para impedir el avance de esos proyectos.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario apuntó contra las compañías Rockhopper Exploration y Navitas, involucradas en el proyecto Sea Lion, que contempla la explotación de petróleo en aguas cuya soberanía se encuentra en disputa entre Argentina y el Reino Unido.

“Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas”, afirmó Quirno.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar con procesos judiciales contra personas físicas en territorio argentino, el ministro respondió: “Absolutamente, sí, absolutamente”.

El titular del Palacio San Martín recordó que ambas compañías ya fueron sancionadas bajo la legislación argentina y ratificó que el Gobierno continuará impulsando acciones para impedir la explotación de los recursos naturales del archipiélago.

“Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda”, enfatizó.

Las declaraciones se produjeron después de que el diario británico The Guardian publicara que Argentina había advertido a directivos de Rockhopper Exploration sobre la posibilidad de enfrentar procesos penales, penas de prisión y multas por su participación en el proyecto petrolero.

En paralelo, Quirno defendió la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, donde el país solicitó medidas provisionales para suspender las actividades vinculadas con Sea Lion mientras avanza el procedimiento arbitral internacional.

El canciller explicó que la urgencia del planteo responde a que el inicio de la explotación está previsto para el primer trimestre de 2027. Por ese motivo, Argentina busca evitar que las operaciones comiencen antes de que se resuelva la controversia.

“Está claro que esto es una acción unilateral, está claro que el Reino Unido hace caso omiso a estas resoluciones”, sostuvo, en referencia a las disposiciones de Naciones Unidas invocadas por Argentina para cuestionar las actividades británicas en la zona.

El funcionario aclaró que la presentación judicial no pretende que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie sobre la soberanía de las Islas Malvinas, sino específicamente sobre la explotación de los recursos naturales.

“El Tribunal Internacional del Mar no tiene jurisdicción para tratar temas de soberanía. Argentina está planteando en el tribunal justamente el tema de sus recursos naturales y ahí es donde se centra esta discusión hoy”, explicó.

Respecto de un eventual fallo favorable a la posición argentina, Quirno consideró que el Reino Unido debería cumplirlo, dado que ambos países forman parte de la convención internacional que contempla ese mecanismo de resolución de controversias.

“Uno espera que el Reino Unido, en caso de que se dé ese resultado, acate las órdenes, porque si no sería contrario a las propias disposiciones de un acuerdo del que ellos son parte y estaría en contra del derecho internacional”, señaló.

Durante la entrevista, el canciller también se refirió a la posibilidad de reactivar una conexión marítima entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas.

Sobre ese punto, explicó que la legislación argentina reconoce un marco de libre circulación de embarcaciones, aunque establece autorizaciones específicas para los buques que transportan mercaderías hacia y desde el archipiélago.

“Existe un marco de libre circulación. Lo que sí existe es legislación argentina que indica el pedido de autorización a buques que vayan y vuelvan con carga hacia y desde las Islas Malvinas, porque obviamente consideramos que es territorio argentino”, precisó.

Quirno expresó su expectativa de que las compañías que operen esa eventual conexión cumplan con las disposiciones argentinas y que Chile mantenga su posición histórica de respaldo al reclamo de soberanía nacional.

En particular, mencionó la importancia de que el país vecino sostenga su política de no brindar colaboración logística a las actividades de explotación de recursos naturales en las islas.

Finalmente, el ministro señaló que las acciones judiciales y diplomáticas forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno argentino en el Atlántico Sur.

Según explicó, esa política incluye el desarrollo de una base naval integral en Ushuaia y modificaciones legislativas orientadas a fortalecer la defensa de los intereses nacionales en la región.

De esta manera, el Gobierno ratificó su intención de continuar con las actuaciones contra las empresas involucradas en Sea Lion, mientras espera una resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las medidas provisionales solicitadas.