La camarista Seguí apeló y las elecciones en la AMT volvieron a quedar en pausa

El proceso electoral de la Asociación de Magistrados seguirá en pausa al menos hasta que la Cámara resuelva la apelación de la vocal Malvina Seguí. El juez Raúl Tejerizo había rechazado su amparo el martes y había mandado a levantar la cautelar que frenaba el cronograma, pero después de que ella apelara dispuso que ese levantamiento no se ejecute hasta que se pronuncie el tribunal de alzada. La elección está fijada para el 3 de diciembre y los mandatos de la actual Comisión Directiva vencen el 15.

Tejerizo concedió con efecto suspensivo la apelación y dispuso que el levantamiento de la medida “no se ejecutará hasta tanto se pronuncie la Cámara”. La providencia, de este jueves, ordena elevar los autos de inmediato y emplaza a las partes a comparecer ante el tribunal superior en 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles. Le encarga además al apoderado de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) que lo ponga en conocimiento de su Consejo Directivo y de su Tribunal Electoral. Con esa decisión, la suspensión del proceso electoral que dictó la Sala IV de la Cámara el 29 de octubre sigue vigente.

El abogado de Seguí, Eduardo Racedo, presentó el recurso el miércoles a las 23.19, un día después de la sentencia con la que Tejerizo concluyó que “la categoría de los socios adherentes se encuentra vigente desde el otorgamiento de la reforma estatutaria”, el 5 de noviembre de 2021. En su escrito de 28 páginas pidió que la Cámara revoque el fallo, haga lugar al amparo y ordene excluir a los socios adherentes, categoría integrada por funcionarios judiciales, del padrón y de las listas. Según el escrito, el artículo 29 del Código Procesal Constitucional obliga al tribunal a resolver dentro de los tres días de recibidos los autos. Racedo pidió que se eleven a la Sala IV, que dictó la cautelar, y reservó el caso federal y el recurso de casación.

El eje de los ocho agravios es el artículo 40 del estatuto, que fija la vigencia de la reforma desde su publicación en el Boletín Oficial, el 31 de octubre de 2025. El juez había considerado que ese artículo entra en “presunta colisión” con el artículo 5, que define como adherentes a los funcionarios “que se incorporen a partir de esta reforma estatutaria”, y que el segundo desplaza al primero. Racedo sostiene que ambos operan en planos distintos: el 40 determina cuándo rige el estatuto y el 5 define categorías de socios, por lo que no pueden contradecirse. “Es un error grave, que revela extrema arbitrariedad y absurdo jurídico”, afirmó sobre la omisión de esa distinción. Agregó que el artículo 40 formó parte del texto ordenado aprobado por unanimidad en 2021 y ratificado en 2025.

El escrito reprocha además que la sentencia no mencionó el dictamen de la Asesoría Letrada de la Dirección de Personas Jurídicas, que según Racedo informó que la reforma “entró en vigencia” el 31 de octubre de 2025. Cuestiona que se le diera valor a la conducta de la AMT, como cobrar cuotas a los funcionarios desde su ingreso. “La vigencia es una cualidad normativa, no fáctica”, sostuvo. Dice que la doctrina de los actos propios, que el juez usó contra la actora, obliga a la entidad y no a Seguí. Aclara que Seguí votó en 2025 un texto que contenía el artículo 40 y que no participó de la asamblea de 2021, como afirmó la demandada en su informe. “Nadie es privado retroactivamente de ningún derecho”, escribió, y dijo que los adherentes tendrán voto cuando se cumplan cuatro años desde la vigencia de su categoría, el 31 de octubre de 2029.

Racedo cuestionó también el levantamiento de la medida. Sostiene que Tejerizo no podía dejar sin efecto una decisión de la Cámara y que el pronunciamiento de fondo al que ella subordinó su vigencia es el firme, no uno apelado con efecto suspensivo. Pidió, subsidiariamente, que el tribunal aclare que la medida rige hasta que haya una decisión firme. Agregó que, si el proceso se reanuda, exigirá una nueva convocatoria con la anticipación mínima de 30 días del artículo 32 del estatuto, y que no podrá retomarse “el cronograma suspendido como si la medida no hubiese existido”. La Cámara había aclarado el 29 de octubre que la suspensión no dejaba sin efecto la convocatoria y que el proceso podría reanudarse “con nuevas fechas”.

La AMT había publicado el 26 de octubre en el Boletín Oficial la resolución 01/2026, que convoca a elecciones para el 3 de diciembre, designa el Tribunal Electoral y le encomienda el calendario y los padrones. En su informe, la entidad había sostenido que no había padrón confeccionado y que la incorporación de los funcionarios rige desde 2021. Seguí calcula que unos 50 funcionarios quedarían habilitados para votar sobre un cuerpo electoral de unos 200 asociados.