El gobernador Jaldo defendió un DNU y pidió respaldo legislativo para reactivar la obra pública

La Legislatura de Tucumán sesionará la próxima semana para debatir dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo: uno que congela los nombramientos en la Administración Pública y el que prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, la exención de la presentación del certificado de cumplimiento fiscal para las empresas contratistas del Estado.

En ese marco, el gobernador Osvaldo Jaldo defendió con énfasis ambos instrumentos, al sostener que se trata de medidas necesarias para reactivar la obra pública, cuidar el empleo y ordenar las finanzas provinciales en un contexto de crisis económica. En conferencia de prensa, ante una consulta de Tendencia de Noticias sobre este tema, Jaldo agradeció la predisposición del Poder Legislativo para tratar los decretos durante el receso parlamentario, en la primera sesión extraordinaria del año.

“Quiero agradecerle al vicegobernador y a la mesa de conducción de la Cámara que en este mes de enero abran la Legislatura para sesionar”, expresó Jaldo, y remarcó que los DNU en cuestión “tienen que ver con la reactivación de la obra pública, y eso significa empleo para muchos tucumanos y tucumanas que hoy no lo están teniendo o lo tienen en negro, que es peor”.

Uno de los DNU que concentrará el debate es el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 1/3 (MEyP), mediante el cual el Poder Ejecutivo provincial suspendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la obligatoriedad de presentar el certificado de cumplimiento fiscal para las empresas que contraten bienes y servicios con el Estado. La medida fue oficializada este jueves con su publicación en el Boletín Oficial.

Es el segundo año consecutivo que la gestión de Jaldo adopta esta decisión, argumentando la persistente crisis económica y su impacto sobre la actividad productiva y administrativa. Según los fundamentos del decreto, la iniciativa apunta a “agilizar los procedimientos de compras y contrataciones” y evitar trabas que desalienten la participación de oferentes.

En su defensa del instrumento, el gobernador vinculó directamente la medida con la continuidad de proyectos estratégicos. “Nosotros tenemos el emprendimiento habitacional más importante de la República Argentina, como es el Procrear Tucumán, con la cantidad de viviendas y lotes con servicios que se van a construir. Necesitamos que ese decreto esté vigente”, subrayó. Y añadió: “Este decreto apunta fundamentalmente a reactivar la obra pública, la vivienda y, sobre todo, el empleo. ¿Cuánta gente necesita techo? ¿Cuánta gente necesita empleo hoy?”.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo advierte que “ante la apremiante situación económica por la que atraviesa el país, el Estado Provincial ha promovido medidas tendientes a atenuar sus efectos y remover los obstáculos que afecten la prestación de sus servicios”, al tiempo que aclara que la suspensión del certificado fiscal no implica un perjuicio para la recaudación tributaria, ya que el Estado mantiene intactas sus facultades para exigir el cumplimiento de las obligaciones impositivas por las vías administrativas y judiciales.

Pese a ello, el DNU generó cuestionamientos desde la oposición. El legislador Walter Berarducci anunció que impugnará el instrumento al considerar que el Poder Ejecutivo avanzó sobre una materia de carácter tributario que, a su criterio, no puede ser regulada mediante decretos de necesidad y urgencia. En ese sentido, presentó un proyecto de resolución para rechazar la medida por entender que elude el debate legislativo ordinario.

Congelamiento de nombramientos y ajuste del gasto

El segundo decreto que será analizado por la Legislatura es el DNU N° 1.113 (MEyP), firmado el 23 de diciembre, mediante el cual el gobernador dispuso el congelamiento de los nombramientos y nuevas contrataciones en el ámbito del Poder Ejecutivo a partir del 1 de enero de 2026. La medida se inscribe en el marco de la prórroga de la emergencia económica y social establecida por la Ley N° 9.945 y tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de extensión.

Las restricciones alcanzan a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, incluidos entes autárquicos y descentralizados que requieran asistencia del Estado para el pago de salarios o gastos de funcionamiento. El decreto define estas disposiciones como “transitorias, excepcionales y proporcionadas” a la situación de emergencia.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo confirmó la convocatoria a sesión extraordinaria y ratificó la voluntad del Poder Legislativo de tratar los decretos enviados por el Ejecutivo. “Desde el primer día en que entró en receso la Legislatura dijimos que el Poder Legislativo debe estar a disposición en caso de ser necesario para sesionar”, afirmó.

Acevedo detalló que “ya fue realizada la llamada parlamentaria” y precisó que la sesión para tratar los dos DNU “se concretará entre el martes y el jueves de la próxima semana”, una vez que se fije la fecha definitiva. “Ahí se convocará a la Cámara para tratar los dos DNU remitidos por el Poder Ejecutivo”, concluyó.