El concejal Argañaraz cuestionó la ordenanza que declara a la achilata como interés turístico y cruzó al Sivara

Una polémica impensada se instaló en Tucumán en las últimas horas. El concejal radical de la Capital Leandro Argañaraz cuestionó la promulgación de la ordenanza 5507, que declara de interés turístico la promoción y venta de la achilata, y cargó contra Roberto Quiroga, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara).

“Esta ordenanza es injusta y hay que decirlo. No defiende a los trabajadores, los condiciona. No ordena, excluye", disparó Argañaraz, que presentó un proyecto de derogación parcial de algunos artículos de la ordenanza. En concreto, pretende que se excluyan los que habilitan al SIVARA a determinar quienes serán los vendedores ambulantes y al municipio a determinar los puntos para la venta del producto, con la obligatoriedad de inscripción como monotributistas.

"Mi obligación como concejal es marcar cuando una norma perjudica a quienes viven de su trabajo y favorece a estructuras que concentran poder. Yo voy a seguir defendiendo el derecho a ganarse la vida sin intermediarios ni aprietes", sostuvo Argañaraz, que aseguró que la ordenanza favorece solamente a un sector en concreto: al Siprava.

"Mi posición es clara y no admite interpretaciones: estoy del lado de los achilateros, pralineteros, vendedores de algodón de azúcar y pochocleros. Personas que salen todos los días a ganarse el mango bajo el sol, la lluvia o el frío. El problema aquí es un esquema que pretende usar su necesidad para que unos pocos se queden con parte de su enorme esfuerzo", apuntaló.

"Esto no es orden ni protección. Es un modelo que transforma a sindicalistas en señores feudales modernos, que hacen negocio con la vulnerabilidad de trabajadores que salen todos los días a ganarse el mango, la ordenanza los habilita a coercionar -aún más- a los vendedores ambulantes", remarcó Argañaraz, que había sido cuestionado por Quiroga. "Miente descaradamente en los medios, a sabiendas de que los puntos designados por reglamentación no cambiarán el mapa de venta de este producto en toda la ciudad", había dicho el sindicalista.

Argañaraz denunció que la ordenanza obliga a los achilateros a afrontar costos fijos y otras inversiones que podrían perjudicarlos notablemente. "Con estas exigencias, muchos trabajadores pueden ser directamente empujados fuera de la actividad, dejando a familias enteras sin su único sustento. Eso no es inclusión ni orden: es desconocer cómo viven y trabajan los tucumanos", concluyó.