Comunas “flojas de papeles”: disponen un cargo fiscal por $223 millones a las autoridades de Santa Cruz y La Tuna

Las falencias en la administración y rendición de fondos de las comunas rurales de Tucumán volvieron a quedar expuestas a partir de una nueva resolución del Tribunal de Cuentas (TC), que declaró patrimonialmente responsables a las autoridades de Santa Cruz y La Tuna y les formuló un cargo fiscal solidario por más de $223,5 millones.

El caso se conoce apenas días después de que el propio organismo de control advirtiera, al analizar la Cuenta de Inversión 2025 presentada por el Poder Ejecutivo, sobre las debilidades que persisten en el manejo contable de las 93 comunas rurales, que aparecen flojas de papeles. En aquel informe, el TC señaló que estas jurisdicciones llevan sus movimientos y operaciones mediante “registros contables precarios” y que no cuentan con un sistema que permita obtener información “confiable, precisa y oportuna”.

La nueva resolución expone un caso concreto a esa advertencia general. Mediante el Acuerdo N° 3.589, del 18 de septiembre, el Tribunal declaró patrimonialmente responsables al comisionado comunal de Santa Cruz y La Tuna, Enrique Aragón, y al secretario habilitado, Bruno Augusto Mothe, por no haber regularizado una observación correspondiente al tercer bimestre de 2024.

Como consecuencia, el organismo formuló contra ambos un cargo fiscal solidario por $223.527.990,91, suma que deberá continuar actualizándose hasta el momento de su efectivo pago.

De $128 millones a más de $223 millones

El expediente, al que accedió Tendencia de Noticias, se originó a partir del Comprobante de Observación N° 2.721, correspondiente al tercer bimestre de 2024. En ese momento, la suma pendiente de regularización ascendía a $128.158.808,14.

Ante la falta de subsanación, el Tribunal dispuso mediante el Acuerdo N° 669, del 13 de marzo de este año, iniciar un juicio de cuentas contra Aragón, en su carácter de comisionado comunal, y Mothe, como secretario habilitado.

Durante el procedimiento, ambos responsables comparecieron y constituyeron domicilio. Posteriormente, la causa fue abierta a prueba y continuó con las intervenciones correspondientes de la Instrucción y de la Contaduría Fiscal General.

Esta última dependencia actualizó al 31 de julio de 2026 el monto pendiente de rendición y determinó que había ascendido a $223.527.990,91. Es decir, casi $95,4 millones más que la suma originalmente observada.

Cumplidas las distintas etapas del proceso y luego de correr vista a los responsables, el Tribunal determinó que las observaciones continuaban sin ser regularizadas.

En ese marco, consideró garantizados el derecho de defensa y el debido proceso y resolvió clausurar el juicio de cuentas, declarar patrimonialmente responsables a Aragón y Mothe y formularles el cargo fiscal en forma solidaria.

En la cuerda floja

La resolución sobre Santa Cruz y La Tuna se incorpora a una sucesión de actuaciones del Tribunal de Cuentas relacionadas con irregularidades o incumplimientos en las rendiciones de fondos públicos de distintas comunas rurales.

El cuadro adquirió mayor relevancia este mes, cuando el organismo examinó la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2025 y volvió a llamar la atención sobre las condiciones en las que estas administraciones registran sus operaciones.

En ese análisis, el TC advirtió que las 93 comunas llevan sus movimientos a través de “registros contables precarios” y carecen de un sistema capaz de proporcionar información “confiable, precisa y oportuna”.

La observación resulta significativa porque, pese a que el nivel formal de presentación de rendiciones es elevado —el informe consignó que se había rendido el 99,10% de los estados bimestrales correspondientes a 2025—, el Tribunal mantuvo sus reparos sobre las herramientas y procedimientos utilizados para registrar la administración de los recursos.

El caso de Santa Cruz y La Tuna agrega ahora otro antecedente concreto a ese escenario. No se trata, además, de la primera resolución de estas características conocida durante los últimos meses: el organismo viene concluyendo juicios de cuentas y formulando cargos fiscales contra autoridades y exautoridades de diferentes comunas por observaciones que no fueron regularizadas.

El cargo deberá ser cobrado o ejecutado

En el caso de Santa Cruz y La Tuna, el Tribunal no se limitó a determinar la responsabilidad patrimonial. El artículo tercero del Acuerdo N° 3.589 dispuso dar intervención al Departamento Judicial para avanzar con el cobro de los $223,5 millones, que los funcionarios sancionados deberán cubrir con ingresos propios.

Concretamente, encomendó a la abogada fiscal Mónica Ruesjas que proceda a percibir el cargo fiscal y, de corresponder, impulse su ejecución.

El monto fijado tampoco quedó congelado, ya que el Tribunal estableció expresamente que los $223.527.990,91 deberán actualizarse hasta la fecha de su efectivo pago.

La resolución fue firmada por el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaiben Terraf, y los vocales Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal.