A ocho años del derrumbe en Manantial Sur, la causa está estancada y el puente sigue clausurado

En el predio de Manantial Sur avanza la construcción de las 1.600 viviendas y los 1.400 lotes con servicio del plan Procrear Tucumán, uno de los mayores emprendimientos habitacionales del país, según la expectativa del Gobierno. El promedio de ejecución es del 32%, de acuerdo con los datos oficiales. Sin embargo, uno de los puentes que conectaba esa barriada con avenida Colón permanece inutilizado desde hace ocho años y el juicio que la Provincia inició por el derrumbe de su estructura "gemela" todavía no tiene sentencia.

La secuencia se remonta al 20 de septiembre de 2018. Cerca de las 11 de ese día, el cruce se desplomó mientras era atravesado por un camión cargado con áridos. A partir de entonces, la Provincia siguió dos caminos. Por un lado, erigió un par de años después un nuevo puente sobre los cimientos de la estructura caída. Pero, en paralelo, por recomendaciones técnicas inhabilitó el paso "mellizo", ubicado a unos cuantos metros del original.

Desde entonces comenzó un largo pleito judicial que lleva casi ocho años y registra pocos avances. El expediente por la caída del puente Este cambió de fuero en 2023 y, según la última resolución dictada en junio de este año por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, continúa resolviendo cuestiones procesales previas al análisis de fondo. Esto, según las autoridades, impide que se pueda completar el proyecto y reconstruir un puente más en esa barriada, cada vez más populosa y con perspectivas de mayor crecimiento habitacional.

El derrotero judicial

La obra en cuestión data de 2008. Ese año la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) contrató a Falivene Constructora SRL para la ejecución de la avenida de Circunvalación Oeste de San Miguel de Tucumán, Tramo III, entre las avenidas Independencia y Leandro Alem. El contrato incluía la construcción de dos puentes vehiculares gemelos sobre el Canal Sur, en su intersección con avenida Colón, cada uno con tablero suspendido de un arco superior mediante péndolas.

El monto original de la obra fue de $ 14,1 millones, cifra que con las ampliaciones posteriores llegó a $ 15,4 millones. Los trabajos se dieron por finalizados recién el 30 de octubre de 2015, mediante un acta acuerdo entre la repartición y la contratista. Antes de esa firma, en junio de 2015, ambas partes habían sometido los puentes a una prueba de carga cuyos resultados fueron calificados como satisfactorios.

El 20 de septiembre de 2018, alrededor de las 11, mientras un camión cargado con ripio circulaba por el puente Este, las péndolas que vinculaban el tablero con el arco se cortaron en su totalidad. El tablero cayó sobre el lecho del canal y quedó destruido. No hubo víctimas. El hecho fue denunciado ante la Comisaría N° 13 por el ingeniero Marcelo Nazur, entonces jefe del Área Operativa del Departamento Conservación de la DPV y actual ministro de Obras Públicas de la Provincia. El puente gemelo, sobre la misma traza, fue clausurado en forma preventiva y permanece así desde entonces.

Dos meses después, el 15 de noviembre de 2018, la DPV envió a Falivene una carta documento en la que puso en conocimiento de la empresa "el colapso total del puente" y dejó reserva de reclamar los daños y perjuicios que pudieran derivarse una vez determinadas las causas de la ruina. La constructora respondió el 23 de noviembre con otra carta documento. Allí rechazó la versión oficial. Sostuvo que el puente no sufrió una ruina total, que la estructura principal y los basamentos quedaron intactos y que lo ocurrido fue consecuencia del choque lateral de un camión con acoplado contra la obra, hecho de un tercero por el que la empresa dijo no tener que responder. Falivene añadió que había denunciado el episodio ante la Justicia penal, aportando datos del propietario y del conductor del camión, y pidió a la DPV que actuara civilmente contra ellos y contra su compañía aseguradora.

El informe de la UNT

Mientras se sucedía ese intercambio, la DPV encomendó al Instituto de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) un estudio independiente sobre las causas del colapso. El informe técnico final fue entregado el 20 de febrero de 2020. Según sus conclusiones, citadas por la propia repartición en una intimación posterior, el puente presentaba vicios estructurales que lo volvían impropio para su destino, con riesgo inminente de colapso. El informe advirtió, además, que el puente gemelo -el que había quedado en pie- fue ejecutado con idénticos materiales y técnica constructiva, por lo que padecía los mismos defectos.

Con ese respaldo técnico, la DPV intimó a Falivene el 18 de marzo de 2020 a hacerse cargo de $ 15 millones en concepto de valor de reposición provisorio y a implementar de manera urgente las medidas necesarias para rehabilitar el puente sobreviviente, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. Dos días después, el 20 de marzo de 2020, la repartición presentó la demanda ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Común. El reclamo, fundado en el artículo 1273 del Código Civil y Comercial -que regula la responsabilidad del constructor por ruina de la obra-, ascendió a $ 29,8 millones más intereses, gastos y costas.

De paseo por los fueros

La causa tramitó en el fuero civil hasta el 23 de marzo de 2023, cuando la Cámara Civil y Comercial dictó sentencia declarándose incompetente por tratarse de un litigio derivado de un contrato de obra pública. El expediente, digitalizado en tres cuerpos, fue remitido a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde quedó registrado como expte. N° 273/23 tras el sorteo del 17 de mayo de ese año.

La resolución más reciente, dictada este año por la Sala II integrada por Ana María José Nazur y Juan Ricardo Acosta, resolvió un incidente sobre traslado de documentación. La DPV había planteado un recurso de revocatoria contra una providencia que incorporó al expediente prueba documental acompañada por Falivene al contestar la demanda, sin haberle corrido traslado de aquella documentación que la contratista le atribuye a la propia repartición, tal como exige el artículo 46 del Código Procesal Administrativo. El Tribunal hizo lugar al planteo, revocó la providencia cuestionada y ordenó correr traslado por tres días, con costas por el orden causado.

Una solución provisoria

Durante la segunda gestión de gobierno de Juan Manzur, se habilitó en 2021 un nuevo cruce con una inversión de $ 70 millones y un diseño distinto al original: vigas premoldeadas apoyadas sobre los estribos, sin arco ni péndolas de suspensión. Por debajo aún se ven los destos del hormigón desplomado de aquel puente "Este".

El paso "gemelo", clausurado en aquel momento de manera preventiva, continúa allí como parte del decorado urbano, pese a que se está próximo a cumplir ocho años del siniestro. Mientras el litigio judicial continúa, el cruce acumula basura y sirve apenas como paso peatonal y circunstancial de motos.

En el Ministerio de Obras Públicas explican que no pueden avanzar en su reconversión mientras se mantenga el pleito judicial. Además, los montos reclamados ya quedaron desfasados. Hoy, construir un nuevo puente demanda de unos U$S 2.000 por metro cuadrado. Ese cruce sobre el canal sur tiene una extensión de 10 metros de ancho por 20 metros de largo, aproximadamente. Eso lleva la inversión estimada a $ 1.000 millones.

En tanto, el barrio que hoy suma miles de viviendas nuevas y proyecta recibir aún más vecinos sigue esperando, ocho años después, la definición judicial sobre quién debe responder por la obra que unió esa zona con el resto de la capital.