A días de la imputabilidad desde los 14 años, Tucumán acelera los cambios para aplicar la nueva ley

Representantes de los tres poderes del Estado tucumano comenzaron a coordinar las medidas que se adoptarán en la provincia ante la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil y fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. La normativa comenzará a regir el próximo 5 de septiembre y obligará a realizar adecuaciones para su implementación a nivel local.

Con ese objetivo, autoridades del Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia mantuvieron este miércoles una reunión en el Palacio de Tribunales para analizar los cambios que demandará la nueva legislación y avanzar en criterios comunes. Uno de los principales ejes planteados durante el encuentro fue que la respuesta estatal no quede limitada a la sanción penal, sino que contemple mecanismos de contención, recuperación y reinserción de los adolescentes.

El presidente de la Corte, Daniel Leiva agradeció la presencia de los representantes de los tres poderes del Estado, en lo que definió como una reunión de carácter interinstitucional para el abordaje de lo que será un cambio sustancial en el régimen penal juvenil.

El magistrado se refirió la importancia de una escucha mutua entre los distintos ámbitos involucrados en el abordaje de los conflictos penales donde se encuentran involucrados los menores; en ese sentido, destacó la importancia de la reunión para conocer especialmente los enfoques de los operadores.

“Estamos abordando temas que se corresponden con una construcción cultural de muchos años y hoy por hoy el mundo va a cambiar, y en esencia, se va a modificar qué es lo que cada acción u omisión implica para personas mayores de catorce años”, expresó Leiva. Y añadió: “Es importante que hoy estén acá las distintas áreas del Estado, porque ello nos da un carácter plural y una visión de la situación actual”.

Durante la jornada, la mesa de trabajo estuvo encabezada por Leiva junto al vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo; vocales del máximo tribunal; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; y los ministros de Educación, Susana Montaldo, y de Desarrollo Social, Federico Masso.

También participaron legisladores, magistrados, funcionarios y representantes de organismos especializados.

Acevedo: “No tan solo penalizar, sino también cuidar”

Acevedo sostuvo que la aplicación del régimen nacional requerirá adoptar medidas específicas en Tucumán y consideró necesario tener en cuenta las características propias de la provincia. “Es necesario que en Tucumán arbitremos las medidas necesarias para cuando se implemente. No es la misma idiosincrasia que tienen en Buenos Aires que lo que podemos sentir o ver acá”, afirmó.

El vicegobernador remarcó que uno de los objetivos centrales deberá ser trabajar sobre la recuperación de los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen y no concentrarse exclusivamente en el aspecto punitivo. “Es una mirada en donde pensamos que debemos rescatarlos, que debemos recuperarlos, que podamos tener una ley penal juvenil que sea aplicable en Tucumán de la mejor manera y que sea no tan solo penalizar, sino también cuidar a nuestros adolescentes”, sostuvo.

La entrada en vigencia de la norma nacional también tendrá consecuencias sobre la actividad legislativa provincial. Según explicó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, actualmente existen tres proyectos con estado parlamentario vinculados con la adecuación del régimen local.

Las iniciativas son analizadas con el objetivo de compatibilizar las disposiciones provinciales con la legislación nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Vargas Aignasse señaló que la discusión incluye la manera en que se ejecutarán las penas y la intervención que tendrán, además de la Justicia, áreas como Desarrollo Social y Educación.

El legislador sostuvo que el régimen provincial deberá incorporar herramientas orientadas a evitar la reincidencia. El objetivo, explicó, es avanzar en un sistema que permita que “ese joven o ese menor que sufre una condena pueda, a partir de su proceso de recuperación, poder reinsertarse en la sociedad, poner fin a su trayectoria criminal y bajar la posibilidad de que pueda reincidir y dañar a la sociedad”.

Jiménez pidió “ser muy cuidadoso”

Por su parte, el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, destacó la necesidad de articular el trabajo entre las diferentes áreas del Estado para poner en funcionamiento el nuevo esquema. “Todos los poderes son partícipes de la ejecución de la norma nacional”, señaló el jefe de los fiscales.

Jiménez consideró, además, que la adecuación provincial constituye una de las discusiones legislativas de mayor relevancia por involucrar directamente a adolescentes. “Esta es, quizás, la ley más importante que trate la Legislatura en su período, porque se trata de menores, de chicos, y hay que ser muy cuidadoso en todo esto”, advirtió.

El rol de las escuelas y la prevención

 

La ministra de Educación, Susana Montaldo, puso el acento en la prevención y en el trabajo que deberá realizarse con los adolescentes antes de que los conflictos lleguen al ámbito penal.

“Es muy importante que los tres poderes del Estado, con una representación, podamos reunirnos porque se trata de la salud de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad”, expresó.

Montaldo vinculó la implementación del nuevo régimen con las políticas de convivencia escolar y salud socioemocional que, según indicó, viene desarrollando la cartera educativa. “Venimos trabajando desde el inicio de la gestión una línea de salud socioemocional, y la trabajamos con nuestros alumnos y con los padres”, señaló.

Entre las herramientas implementadas mencionó el programa de mediación de conflictos que funciona en establecimientos educativos de la provincia.

“Tenemos en todas nuestras escuelas primarias niños mediadores de conflicto, y este proyecto lo estamos llevando también a las escuelas secundarias para que nuestros jóvenes aprendan a resolver en forma pacífica las situaciones de conflicto que se suscitan”, explicó.

Por el Ministerio de Educación también participaron la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo; el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Facundo Juez Pérez; y la directora de Educación Secundaria, Rosa Casares.

Con la entrada en vigencia de la legislación nacional prevista para el 5 de septiembre, la discusión continuará ahora en la Legislatura y entre los organismos que tendrán intervención directa en el nuevo régimen, con el desafío de definir cómo se articularán en Tucumán la responsabilidad penal, la ejecución de las medidas y las políticas destinadas a la reinserción de los adolescentes.