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CRISIS CARCELARIA

Tucumán es la segunda provincia con mayor porcentaje de presos alojados en comisarías

Un ranking del INECIP ubicó a la provincia en el podio de las jurisdicciones con la mayor tasa de encierro en comisarías. Casi la mitad de los presos están alojados en estas dependencias policiales. La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura criticó el hacinamiento y la fuerte campaña propagandística del Gobierno de Tucumán.

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Emiliano Canseco Tendencia de noticias
02 sept, 2026 01:19 p. m. Actualizado: 03 sept, 2026 07:06 a. m. AR
Tucumán es la segunda provincia con mayor porcentaje de presos alojados en comisarías

Tucumán tiene más de 3.400 presos en total, según el INECIP. Foto: Archivo.

Tucumán ocupa el segundo lugar del país en la tasa de encierro en comisarías, según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). El ranking señala que el 49,2% de las personas privadas de la libertad en la provincia se encuentran en estas dependencias policiales, es decir, casi la mitad de los presos totales.


Los números del encierro en Tucumán


De acuerdo con los datos del instituto, correspondientes a diciembre de 2024, la provincia posee un total de 3.431 detenidos, de los cuales 1.689 están en comisarías. Además, el promedio de permanencia en estas instalaciones es de 448 días, un número que supera ampliamente el promedio nacional.

Ranking de presos en comisarías elaborado por el INECIP.png

El informe del INECIP incluye una exhortación a la Justicia. “Un requisito fundamental para construir soluciones perdurables a este problema es que existan límites infranqueables en materia de condiciones de detención. Garantizar esos límites al poder estatal es el rol esencial de los jueces penales”, afirma el instituto.


En Tucumán, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura también es crítica de la situación. “Es bastante evidente que las comisarías siguen absolutamente abarrotadas”, señaló Fernando Korstanje, miembro del organismo, a Tendencia de Noticias.

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La mitad de los presos tucumanos están alojados en comisarías. Foto: CPPT (2024).

La nueva cárcel, insuficiente


Uno de los principales ejes de la gestión de Osvaldo Jaldo es la política de seguridad. El emblema de esta prioridad, patrocinada continuamente por el Gobierno provincial, es la construcción de la nueva cárcel en Benjamín Paz, que comenzó a alojar presos a fines de 2024.


Sin embargo, Korstanje desestimó que este establecimiento sea una solución real. A partir de una proyección realizada por la comisión, determinó que para mediados de 2025 el hacinamiento ya iba a volver a ser un problema del sistema carcelario provincial.


La principal causa de esta saturación es la velocidad con la que la Justicia dicta las condenas, según el miembro de la Comisión. “Se condenan seis personas por día. Una persona por día recupera la libertad por cumplimiento de condena. A este ritmo, hacen falta cinco cupos diarios. No hay cárcel que aguante. Ahí está el principal cuello de botella”, desglosó.


Detenciones, propaganda y “tortura explícita”


Además de la capacidad del sistema carcelario, Korstanje reclamó que estos establecimientos no cumplen con los parámetros internacionales y que el Gobierno provincial despliega una propaganda “exagerada” alrededor del traslado de presos.

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La nueva cárcel de Benjamín Paz fue construida para solucionar la saturación del sistema carcelario. Foto: Gobierno de Tucumán.

“Todos los días vemos traslados de las comisarías hacia Benjamín Paz, como si quedaran vacías. Pero eso no es verdad, se vuelven a llenar. Es un engaño, una sobreactuación”, apuntó. Además, afirmó que las imágenes hacen propaganda con una “tortura explícita”.


El cuestionamiento también es enunciado por el INECIP. Al final del informe, el instituto recuerda que el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas señaló a la detención prolongada de personas en comisarías y alcaidías policiales como una violación a los compromisos internacionales de prevención de la tortura. “Este mensaje tiene un claro destinatario: el Poder Judicial”, concluye la investigación.

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