Unanimidad legislativa para reformar el Estatuto Docente en medio de una advertencia que incomodó al blooue oficialista

La Legislatura de Tucumán sancionó el pasado jueves, por unanimidad, una serie de modificaciones al Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3470) con el objetivo de destrabar los ascensos jerárquicos y normalizar la cobertura de cargos en el sistema educativo. La sesión, que contó con la presencia en el recinto de referentes de los gremios ATEP, AMET y APEMYS, fue conducida por el titular del cuerpo, Miguel Acevedo. Pese al acompañamiento general de la norma impulsada por el Poder Ejecutivo, el debate no estuvo exento de diferencias: una voz disidente provino del propio seno del oficialismo, donde se cuestionó que se modifique de forma permanente la "ley madre" de los docentes para resolver problemas que se consideran coyunturales.

La legisladora Carolina Vargas Aignasse actuó como miembro informante ante la ausencia del presidente de la Comisión de Educación, Aldo Salomón. Explicó que la reforma surge de una necesidad crítica de nombrar supervisores docentes, un pedido que incluso fue plasmado en actas paritarias. Respecto a los cambios, señaló que la propuesta busca “flexibilizar esos requisitos sin perder de ninguna manera calidad educativa, sino que es muy necesario poder tomar en cuenta la situación actual que tienen los directores para poder ser en este momento nombrados como supervisores”.

Vargas Aignasse detalló que, mientras el estatuto actual exige hasta 15 años de antigüedad y 3 de titularidad, la reforma permite que en un segundo llamado se incluya a quienes se desempeñan como “titulares, interinos o suplentes, ya que la experiencia en el ejercicio del cargo, independientemente del carácter de desempeño de este, lo tiene”. Asimismo, defendió la derogación de la exigencia de un concepto profesional no inferior a "muy bueno", argumentando que dicho requisito es “sobreabundante porque para acceder al cargo de director ya se requiere haber aprobado el proceso concursal”.

El gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Educación, Susana Montaldo fueron los impulsores de la norma.

La iniciativa firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra Susana Montaldo busca eliminar trabas administrativas tras una década sin concursos de oposición. La normativa reconoce que la falta de directores titulares torna “dificultosa la cobertura de los cargos de Supervisor Docente”, por lo que habilita de forma excepcional a quienes revistan carácter interino pero posean el conocimiento técnico necesario.

Voces a favor y el reclamo por una reforma integral

El legislador José Cano (Radicalismo Federal) adelantó su voto favorable, coincidiendo en que se eliminan requisitos excesivos, aunque aprovechó para reclamar una discusión de fondo. “Me parece que también estamos en un buen momento para que, desde el Ministerio de Educación, desde la Comisión de Educación y desde el poder legislativo, avanzar en una reforma global del estatuto”, sostuvo Cano. El parlamentario opositor advirtió que la situación actual es producto de la “discrecionalidad de gestiones anteriores” y abogó por “terminar de ir haciendo parches y modificaciones sucesivas” mediante un congreso pedagógico.

Pese a que el proyecto se aprobó por unanimidad, la legisladora oficialista Adriana Najar (vicepresidenta de la Comisión de Educación-foto inferior) expresó críticas a la metodología de la reforma. Najar manifestó su preocupación por los fundamentos del proyecto enviado por el Ejecutivo, señalando que “una problemática coyuntural debe recibir una respuesta normativa de igual naturaleza, es decir, un ley de régimen excepcional y transitorio... y no modificar de forma permanente los artículos propuestos por el proyecto en este Estatuto Docente”.

La legisladora argumentó que, si el propio proyecto reviste carácter excepcional, debería haberse tramitado por fuera del Estatuto para que “la excepción dejaría de ser excepcional para transformarse en regla”. Najar llegó a proponer una cláusula de caducidad: “La excepción tendrá una vigencia de 3 años contados a partir de su promulgación. Cumplido dicho plazo, su vigencia caducará de pleno derecho”, esta moción fue denegada por Vargas Aignasse. Finalmente, aunque se allanó a la mayoría, reiteró que “no se debe cambiar las reglas, las leyes estatutarias por circunstancias ajenas a la situación”.

Por su parte, Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) destacó la importancia de profesionalizar la docencia y elevar el nivel de los cargos jerárquicos. “Si en la primera instancia no se pudo tener los postulantes... que vengan los méritos correspondientes, legales, correctamente aplicados para que puedan tener un cargo interinato”, expresó, agradeciendo el asesoramiento de los gremios presentes.

Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) también apoyó la medida por considerarla “impostable”, aunque presentó una moción para eliminar el último párrafo del artículo 43 que habilita la vía excepcional. Bussi enfatizó la necesidad de “eliminar este requisito de titularización para poder habilitar a aquellos idóneos, pero que por culpa de la negligencia estatal no pudieron formalizar su nombramiento”, propuesta que tampoco tuvo respuesta favorable para ser introducida.

El cierre del debate estuvo a cargo de Roque Álvarez, titular del bloque Justicialista, quien defendió la agilidad que aporta la norma ante la falta de aspirantes que reúnan las condiciones actuales. Álvarez reivindicó que la experiencia no depende exclusivamente de la estabilidad de planta: “Uno puede tener y lograr la experiencia para acceder a un cargo superior sin haber sido de planta permanente... si ha estado a cargo de la dirección, ha tenido la posibilidad de lograr y adquirir la experiencia necesaria”. Concluyó que el cambio es “justo y razonable”, ratificando el consenso logrado entre el Ejecutivo, los gremios y el Parlamento.